La inseguridad Pública en Puebla / Alejandro Guillén Reyes

Alejandro Guillén

Hasta la primera década de este siglo se decía que Puebla era una especie de isla a la que la inseguridad pública no llegaba con la misma cantidad de hechos delictivos y alto grado de violencia como en otras entidades

Hace exactamente nueve años, en febrero de 2017, hicimos público un análisis sobre el aumento de la inseguridad en nuestro estado. Con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública demostramos que, de 2010 a 2016, los robos con violencia aumentaron 38.8% (https://www.e-consulta.com/nota/2017-02-21/universidades/cifras-muestran-puebla-como-estado-con-alta-inseguridad-upaep)

Entre abril y septiembre de 2017, la opinión pública en Puebla se estremeció con los asesinatos de personas jóvenes muy cercanas a quien esto escribe: se trató de dos asaltos a mano armada (uno en una unidad de transporte público y el otro en una pozolería) y un feminicidio. Erick Bolio era nuestro operador de cabina en “México Prioridad” (esfuerzo de hacer radio por internet encabezado por Leobardo Espinosa), Rafael Alfaro estudiaba en la UPAEP y Mara Castilla fue mi alumna en la escuela de Ciencias Políticas de la misma institución.

Organizamos un mitin de protesta en el zócalo y un foro en el que denunciamos -con datos- el fracaso de las políticas que en materia de seguridad había implementado el entonces gobierno del estado encabezado por Rafael Moreno Valle.

“Puebla no estaba así”, decíamos.

Hasta aquí los recuerdos.

En 2025, el periodista Andrés Sánchez, de Quadratín Puebla, escribió que 2017 fue el año que marcó el inicio de la violencia en Puebla, dando los siguientes datos:

“Puebla registró más de mil tomas clandestinas y un incremento de más del 40% en homicidios dolosos respecto al año anterior. Por primera vez, el estado se colocó entre los primeros lugares nacionales en robo de combustible y delitos de alto impacto. A la par, el huachicol dio paso a nuevas modalidades delictivas: extorsión, robo de transporte de carga, secuestro y narcomenudeo”. La nota periodística remata con lo siguiente: “Hoy, la disputa por el territorio se refleja en delitos como el robo a transporte de carga, el narcomenudeo y los homicidios vinculados al crimen organizado, principalmente en las zonas de Tehuacán, Amozoc y la periferia metropolitana. El 2017 fue el año en que el crimen organizado dejó claro que Puebla había dejado de ser un territorio de paso para convertirse en un punto de operación criminal” (Andrés Sánchez, Marca el 2017 el año en que estalló la violencia en Puebla. Quadratín Puebla, 12 de octubre de 2025. Ver en https://puebla.quadratin.com.mx/marca-el-2017-el-ano-en-que-estallo-la-violencia-en-puebla/)

Han pasado 9 años y los asesinatos que han venido sucediendo en nuestra entidad, nos obligan, de nueva cuenta, a tomar el micrófono para condenar todos los crímenes que están ocurriendo en nuestra entidad.

La Red Civil por la Democracia ha publicado un comunicado en el que manifestamos “nuestra preocupación por la ola de violencia que se ha desatado en Puebla, revelando la creciente injerencia del crimen organizado en la entidad”.

También en este comunicado, se retoma un dato preocupante: En 2025 Puebla se colocó entre los estados con mayor incidencia delictiva del país, ubicándose en el sexto lugar nacional (ver texto completo en https://mundonuestro.mx/content/2026-02-18/sobre-la-violencia-en-puebla-red-civil-por-la-democracia/)

Por otra parte, es reprobable que en el discurso gubernamental se quiera compartir o trasladar la responsabilidad de garantizar la seguridad pública a los padres de familia, a la ciudadanía en general o a los sexenios anteriores. Que hoy alguien muera asesinado a tiros en la calle es un problema de seguridad pública y el gobierno es el responsable de garantizar dicha seguridad, punto. También es deleznable que cualquier manifestación pública de indignación por la violencia en nuestra entidad sea minimizada como una manipulación de la oposición en contra de quienes gobiernan.

Los ciudadanos podemos aportar datos, análisis, estudios y realizar tareas preventivas sobre nuestra seguridad en lo particular, pero el gobierno es el que tiene la obligación de garantizar la seguridad pública y de investigar y sancionar a los criminales. Esa es su principal tarea, para eso tienen el monopolio de la fuerza física y las instituciones de procuración e impartición de justicia.

La ciudadanía tiene todo el derecho de exigirles que cumplan con su deber de proporcionar seguridad pública en las calles. Para eso se ofrecieron en campaña y, esencialmente, para eso son gobierno.