La población de las comunidades rurales y pueblos originarios de México son los mejores conocedores de sus territorios, de sus riquezas naturales, de las carencias que padecen; pero al mismo tiempo, del brutal, desmedido y voraz saqueo de sus recursos naturales, a través de proyectos que incluyen: La minería a cielo abierto para la extracción de oro, plata, cobre y otros materiales; presas hidroeléctricas que han propiciado el desvío del cauce de ríos, desplazando a comunidades enteras, con el propósito de generar energía eléctrica que ni siquiera llega a las comunidades afectadas, sino a las mismas mineras; la extracción de gas y fracking; los desarrollos inmobiliarios e industriales asentados en las mejores tierras agrícolas; zonas de manglares y ecosistemas acuáticos destrozados; destrucción de reservas ecológicas, etc.
Las consecuencias ambientales y de salud pública en la ejecución de estos proyectos, son desastrosas e irreversibles; todos bajo la aprobación de la SEMARNAT. La destrucción de los ecosistemas es irreparable, y va desde la deforestación y desertificación de tierras; el desvío de agua de las comunidades rurales; esterilización de suelos agrícolas; contaminación de ríos, escurrimientos y mantos acuíferos por los centenares de lixiviados tóxicos desechados; carencia de agua en las comunidades; desplazamiento y desintegración de las familias, rompimiento del tejido social, expropiación, desapariciones y homicidios.
Los proyectos de muerte, así llamados por ecologistas, defensores de la naturaleza y los habitantes de los pueblos originarios, guardan ese calificativo porque van en contra de la razón, del equilibrio, la buena convivencia, en contra de los derechos de la naturaleza y de la vida.
Los ecosistemas naturales son fuente de vida de las comunidades y pueblos; es su sustento en equilibrio. La naturaleza es fuente de identidad espiritual y cultural para sus pueblos. Para estas comunidades, no se trata solo de conservar el capital físico-natural para sobrevivir, sino de mantener su identidad y autonomía para poder transmitirlas a las siguientes generaciones.
Con las reformas salinistas al artículo 27 Constitucional, la creación de la Ley de Aguas y la Ley Minera de 1992, entre otras, se impone el neoliberalismo con una voraz extracción, saqueo, contaminación y expropiación de recursos naturales.
Los beneficiarios de la extracción minera son las mismas empresas multinacionales a las que les expidieron concesiones hasta por treinta años, y ampliadas por Andrés Manuel López Obrador por otros cincuenta años más. Para las comunidades afectadas, todas las externalidades recaen sobre ellas una vez que las empresas consiguieron su objetivo, dejan desolación y furtivamente huyen. Mientras tanto, la Secretaría de Economía presume estadísticas exitosas en su apartado de “Minería”: 1º lugar mundial en producción de plata; 7º lugar en producción de oro; 1er destino en inversión en exploración minera en América Latina; 5º país con el mejor ambiente para hacer negocios mineros; etc.
Pese a esas estadísticas, si se calculara el valor de los recursos naturales a largo plazo, y la vida de los pobladores, la visión y el resultado serían diferentes. Aunque cabe destacar que México es el 2º país con más conflictos mineros después de Perú.
Lo que en su momento Morena siendo oposición criticó fuertemente los proyectos de muerte durante el periodo neoliberal, hoy la 4T llama a esos proyectos con un elegante eufemismo “Polos de Desarrollo e Innovación”, palomeados por la SEMARNAT y sacándole vuelta cuando se trata de entrevistar a su titular cuando las preguntas tienen que ver con las consultas ficticias o simuladas a los pueblos originarios para conseguir su aprobación. Ante esas circunstancias, aun el doctorado en Ingeniería Ambiental de la presidenta Sheinbaum prefiere guardar silencio.
Hoy la 4T protagoniza algunos de estos proyectos de muerte: El megabasurero de San José Chiapa, Puebla, que pretenden instalar en la cuenca hidrológica más importante de Puebla; planta de amoniaco en la bahía de Ohuira en Topolobampo, Sinaloa, que representa peligro y muerte a las familias y los ecosistemas marinos; gasoducto de Saguaro en Sonora; el caprichoso e insostenible Tren Maya que sigue ocasionando destrozos irreversibles; desarrollos inmobiliarios en el Caribe y Golfo de California que destrozan ecosistemas; privatización de playas en Baja California; fracking en la Huasteca Potosina; deforestación y tala ilegal brutal por todos lados; etc. Todos ellos bajo el sello distintivo del neoliberalismo más salvaje y depredador del que ahora Morena es parte.
Muchas veces las persistentes movilizaciones masivas de las comunidades han funcionado; hay casos documentados de planes de multinacionales que se han frustrado para Grupo México de Germán Larrea, el segundo hombre más rico de México; para Walmart; Aldamen, la canadiense poderosa en México; y del Grupo Frisco de Carlos Slim.
La lucha es intensa; las multinacionales y el gobierno pueden dividir a las comunidades cuantas veces quieran; hay mucho dinero e intereses de por medio. Para ello, cooptan y ofrecen dinero a líderes, encarcelan o desaparecen a líderes, usan al clero católico para crear miedo; usan al crimen organizado para intimidar, asesinar o desaparecer a ambientalistas y defensores del territorio.
La movilización social es el motor principal frente a los proyectos extractivistas, de infraestructura o industriales de alto impacto negativo ambiental y comunitario. Las vías documentadas son la resistencia comunitaria, los movimientos ecologistas, la defensa legal, la presión internacional, la visibilización mediática; todo bajo la razón de la defensa por la naturaleza y la vida. “La tierra es lo suficientemente grande para satisfacer las necesidades de todos, pero no para satisfacer la ambición de unos pocos” (Mahatma Gandhi).
