Todo suicidio es terriblemente impactante, en cualquier núcleo social. En 2024 ocurrieron en el país 8 mil 856; más de 24 por día. La impresión es mayor cuando la persona que pierde la vida es relevante. Es el caso del doctor Rubén Alberto Curiel Tejeda, exfiscal anticorrupción de Puebla. Hombre de enorme prestigio académico, también en el ámbito de la abogacía y en la función pública.
Todo lo que rodea a su muerte despierta un sinfín de dudas y conjeturas. Se registró en una instalación pública; trabajaba en tareas delicadas e importantes. No se han ventilado características del deceso violento. Esto multiplica interrogantes. Los vacíos de información, ya se sabe, se llenan con juicios de todo orden. Interpretaciones bien o mal intencionadas.
La familia ha dicho que se trata de un hecho personal, que tiene raíces en un conflicto matrimonial, una relación extramarital. La esposa lo comenta escuetamente y pide respeto. Cierra la puerta abruptamente. Tiene lógica. Pero abre un mar de más preguntas.
Todo lo que rodea al personaje ha generado un alud de comentarios. Muchos con pesar y preocupación por el conocimiento que se tenía del abogado. Otros, los menos, en el ámbito de la deducción insana, donde el prejuicio y la lógica ignorancia se llenan de suposiciones. Hasta charlatanes opinan con ligereza e insultos. Se le conceptuaba como una persona intachable, sana, optimista y sumamente equilibrada en lo emocional. Esto aumenta el contraste con la manera rotunda de quitarse la vida.
Nuestro medio, el país todo, es un escenario natural y fértil para las deducciones y teorías mil. La teoría de las conspiraciones tiene legiones de seguidores en estos casos. Cuando esta turbulencia salpica al poder público, la lógica apuntaría a salir al paso y afrontar el tema con información precisa, creíble. Hasta donde la ley lo permita, desde luego.
El poder tiene no solo el derecho, sino el deber de tranquilizar a la opinión pública con elementos que abonen la credibilidad y la confianza.
Si la circunstancia da lugar a una intervención federal, solicitarla derivaría más beneficios que daños.
Una concatenación de sucesos
Los días recientes en Puebla se han caracterizado por sucesos de alto impacto social. Un estudiante muerto, el hijo de un alcalde secuestrado y ejecutado, 5 presidentes municipales encarcelados por vínculos con la delincuencia, tropiezos legislativos y otros hechos.
La concatenación de sucesos de esta índole levanta inquietud y preocupación. El sentido común apuntaría a una presencia de autoridad con una enorme solvencia en varios aspectos: ofrecer elementos que infundan tranquilidad y seguridad en la gente, acompañar la información creíble y confiable con argumentos que se sustenten en la razón y la transparencia.
Buscar, en todos los casos, una clarificación a fondo, desentrañando las circunstancias que rodean a cada suceso, respetando el derecho a la privacidad, pero anteponiendo el superior derecho de la sociedad a tiempos de tranquilidad, seguridad y confianza.
El índice de percepción de inseguridad en Puebla, en julio de este año, se ubicó en 81 por ciento, según encuesta del INEGI. La cifra de 8 mil 856 suicidios en el país en 2024 es la que cita el autor; ambas corresponden a datos referidos en el texto original, no a un cálculo propio de G XX-XXI.
Hemos dicho en otras ocasiones que tan importante es una obra pública que parte del reclamo social como un acto o decisión de orden moral.
Esto último, la garantía de la seguridad en el ámbito urbano, en las carreteras, marcha en paralelo con la confianza que la gente debe tener en sus funcionarios, en las autoridades de los tres niveles.
Estos dos aspectos son una prioridad triple A. Frente a este huracán de inquietudes, cualquier obra pública queda en un plano secundario.
Hoy se dice, con un sentido objetivo y gráfico, que lo que sufre un alma lo grita el cuerpo. Esto, llevado al mundo del ejercicio del poder, es un sentimiento que se advierte, se percibe, a veces casi se palpa.
¿O usted qué piensa?
