En estos últimos días, Jaqueline, Jaki, de 13 años, y Juana Vega Guerrero, de 24, fueron halladas sin vida en Nealtican y Huauchinango, respectivamente, luego de que sus familiares las habían reportado como desaparecidas en días anteriores. El cuerpo de Jaki presentaba huellas de violencia y el de Juana fue encontrado en estado de descomposición, en una maleta. Con estos dos casos, Puebla suma ya 17 feminicidios en lo que va de este año. De 2016 a la fecha, se han registrado 353 carpetas de investigación por este delito. Hasta el año pasado, se habían obtenido 58 sentencias, 56 de ellas condenatorias.
Según el estudio “Impunidad en homicidio doloso y feminicidio 2022” realizado por Impunidad Cero, organización civil, Puebla registró un índice de impunidad acumulada por feminicidio de un 88.7 %, el quinto peor a nivel nacional, solo detrás de Oaxaca, Tlaxcala, Chihuahua y Colima. Esto es, entre 2016 y 2021 se obtuvieron 11.3 sentencias condenatorias por cada cien víctimas registradas.
Violencia de pareja previa, desigualdad de género y normalización de la violencia, así como la disponibilidad de armas de fuego y faltas de protección y acceso a la justicia, son las causas que más repetidamente se hallan en casos de feminicidio. En 2021, la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, del INEGI, reveló que 39.9 % de las mujeres mayores de 15 años había sido víctima de violencia por parte de su pareja actual o más reciente; en Puebla, ese porcentaje fue más elevado, de un 43.9 %.
Aun cuando Puebla no es de las entidades con mayores índices de feminicidio, pues ocupa el puesto 16 de 32 en el país, el dato tiene que tomarse con perspectiva; México es el segundo país latinoamericano con mayor registro de víctimas, con 852 (datos de 2024), solo detrás de Brasil, cuyas víctimas fueron 1,453, y el séptimo en tasa de feminicidios por cada 100 mil habitantes, posición compartida con Brasil, Costa Rica y Uruguay, con 1.3. Según esa misma encuesta, 88.2 % de las mujeres poblanas mayores de 15 años (2021) que sufrieron violencia física o sexual en el ámbito familiar se negó a denunciar o solicitar ayuda porque fueron amenazadas o temieron sufrir consecuencias.
Chile registra el menor índice latinoamericano de feminicidio gracias, entre otras cosas, a su sistema de protección a mujeres denunciantes, que consiste en evaluación inmediata de riesgo tras la presentación de la denuncia, protección inmediata y órdenes judiciales, así como refugio y acompañamiento. Puebla cuenta con un programa de protección que no difiere mucho del chileno. El protocolo de la Fiscalía exige contacto diario durante los primeros seis días y un plan individual a partir del séptimo. Habría que revisar con detenimiento la ejecución de este protocolo, sobre todo a partir de l disponibilidad de recursos presupuestarios. Mientras que en Chile se destinan el equivalente a 54 pesos mexicanos por mujer o niña, en México solo se destina 12.48 y en Puebla, apenas 7.5 pesos. Tal limitación permite hipotetizar la existencia en Puebla de fallas en los procesos de seguimiento.
Así pues, para detener la barbarie a la que están expuestas las mujeres poblanas, se requeriría profundizar la cultura de la denuncia, sensibilizar a las instituciones encargadas de procesarlas y emprender los procesos de protección de víctimas y detención de agresores, así como fortalecer el protocolo de protección. En pocas palabras, se requieren más recursos y programas serios y profesionales de capacitación.
¿Podremos algún día celebrar la caída de los registros de violencia de género y de feminicidios? Ojalá. Parece ser, sin embargo, una utopía.
