La semana pasada los gobernadores de Morelos y de Puebla parecen haber aportado pruebas a la idea de que grupos de delincuentes controlan parte del territorio nacional. Un claro y preocupante problema de soberanía.
En el primer estado la policía dejó libre a un presunto delincuente, “El Güero Gym”, a cambio de que su grupo liberara a tres agentes que tenía secuestrados. En Puebla el gobernador Alejandro Armenta justificó que no se haya tomado preso a otro presunto, “El Toñín”, por precaución.
En ambos casos los gobiernos locales reconocen que los delincuentes tienen la capacidad de mantenerse libres en su territorio. Que lo controlan. Que el Estado no puede ejercer una de sus funciones básicas: detener a quien la ley señala que deben detener.
Queda claro que hay ahí un “Estado fallido”. Un Estado incapaz de ejercer la función que lo define: el monopolio de la violencia legítima.
Si soberanía consiste en no estar subordinado a ningún otro poder, el Estado mexicano perdió soberanía en eso territorios. Ahí los soberanos son otros. Ejercen funciones que deberían ser exclusivas del Estado, como cobros sobre la producción y el comercio (impuestos, en el caso del Estado, extorsión en el caso de esos grupos) y diversas formas de violencia, que van desde amenazas hasta homicidios y desapariciones.
Son problemas que vienen desde hace décadas. Pero al parecer se han incrementado con los últimos gobiernos. Al parecer lo de “abrazos, no balazos” fue en serio, y diversos grupos criminales ampliaron su dominio en varias zonas del país. El Estado les cedió espacios.
No sería raro que estos grupos tuvieran cierta legitimidad en su zona. Si controlan la seguridad y la economía, pueden ser vistos como una autoridad que genera, aunque sea de manera mafiosa y parasitaria, ciertos bienes públicos, como la seguridad (relativa: se acaba cuando un grupo similar pretende entrar en la misma zona.
¿Estamos avanzando en la resolución de ese problema? ¿O nuestros gobernantes se resignaron a convivir con él? ¿O a ser parte de él?
