En poco más de un mes, los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social han encabezado varias manifestaciones y actos de protesta levantando un conjunto de reivindicaciones. Su importancia puede entenderse mejor si tomamos en cuenta varios aspectos.
En primer lugar, ha sido una respuesta a la política de austeridad que ha ejercido la administración púbica en los últimos años. Aunque el presupuesto destinado al IMSS no ha disminuido en términos reales, tuvo ligeros aumentos entre 2019 y 2023. Destacan los años del COVID porque los recursos no se incrementaron sustancialmente. En los últimos tres años las cosas han mejorado y para 2027 el PPEF (proyecto de presupuesto de la federación) propone un incremento sustancial (alrededor de 9.8% en términos reales). Este tratamiento se distingue de las restricciones que han sufrido otras instituciones públicas incluyendo la secretaría de salud. El gasto público federal en este rubro fue de 2.8% del PIB en 2024, de 2.7% en 2025, y de un estimado 2.6% para el cierre de 2026. Para el próximo año se calcula que aumentará al 2.7%
Las mejoras en el presupuesto del IMSS no se han reflejado en los salarios. De acuerdo con información proporcionada por los trabajadores, entre 2019 y 2025 recibieron un aumento acumulado de 24 por ciento directo al tabulador en términos nominales, el cual, comparado con la inflación ocurrida en esos mismos años, representa una disminución en términos reales de 10%.
Las administraciones de López Obrador y Sheinbaum han aplicado una política salarial restrictiva en las empresas públicas y las dependencias gubernamentales. Por ejemplo, según datos del Banco de México, en septiembre de este año los incrementos de los salarios contractuales (promedio por trabajador) fue de 4% para los empleados en las empresas públicas y de 7.1% para los trabajadores de las empresas privadas lo que representó, descontada la inflación, una disminución de los salarios para los primeros de casi 0.4% y un aumento de poco más del 2.5% para los segundos. Además, las cosas son peores para los trabajadores al servicio del estado que se rigen por el apartado B del 123 constitucional ya que carecen de contratos colectivos y las prestaciones y salarios son dictadas por el responsable del área (secretario de estado o director de empresa descentralizada). De esta manera, las adiciones a sus ingresos han sido, en general, menores a la inflación y se han fomentado condiciones laborales precarias: sin seguridad social y sin estabilidad ya que se trata de contratos por honorarios o por tiempo parcial. Hay, igualmente, contratación de personal por el llamado capítulo 3000, como si se tratara de prestadores de servicios ajenos a las instituciones en las que laboran, lo que redunda en una falta absoluta de reconocimiento de derechos laborales.
La lucha de los trabajadores del IMSS es notable entonces por su resistencia a estas políticas de austeridad, las cuales han afectado sus ingresos y condiciones de trabajo.
Por otro lado, la protesta de los trabajadores del IMSS es importante debido a que ha impugnado una estructura y una dirección sindical excesivamente centralizada y, según los trabajadores que se han manifestado en las calles, antidemocrática y sorda a los reclamos de sus bases.
Hay que mencionar que se trata de la primera movilización, en el sector público, que logra echar atrás una decisión de las cúpulas sindicales. Las reformas laborales acerca de la democracia sindical de 2017-2019 habían tenido efecto en sindicatos de empresas privadas, particularmente en la rama de las manufacturas, en algunos casos apoyados por el MLRR (mecanismo laboral de respuesta rápida) acordado entre Estados Unidos y México. No obstante, en las grandes empresas o institutos púbicos que cuentan con cientos de miles de afiliados, las organizaciones laborales mantienen las inercias del pasado corporativo: elecciones contraladas por cúpulas añejas; ausencia de consulta con las bases acerca de las revisiones salariales; y obediencia de los líderes a las decisiones de los funcionarios, lo cual frecuentemente se “compensa” con la corrupción.
Todo esto han puesto en entredicho los trabajadores del IMSS. Su logro, hasta ahora, ha consistido en obligar a los dirigentes sindicales y al gobierno a una consulta democrática que resultó con un voto ampliamente mayoritario que rechazó el aumento del 2.9 por ciento ya acordado. Una cosa así no había sucedido en la historia del sindicalismo desde hace varias décadas. Por lo anterior, el triunfo del NO a la revisión salarial abre el camino a una democratización del sindicato.
La lucha de los trabajadores del IMSS también adquiere una dimensión muy destacable por el papel que ha jugado el Instituto en la vida nacional desde su fundación en la primera mitad de los años cuarenta del siglo pasado. Posteriormente, en los 50s, 60s y 70s, el IMSS fue una institución modelo para América Latina y el mundo. A pesar de la corrupción, de obras mal planeadas y de algunas administraciones deficientes, el IMSS ha cumplido un papel fundamental para la clase obrera mexicana, prestando servicios en caso de enfermedades generales, riesgos de trabajo, maternidad, invalidez y jubilaciones. Por cierto, esta última prestación fue mutilada en 1995 con la reforma a la ley correspondiente. Se pasó de un sistema solidario y público a otro de cuentas individuales y bajo administradoras privadas (Afores), lo que ha redundado en una mayor carga en el presupuesto público.
Junto a esta contrarreforma, el IMSS sufrió ajustes presupuestales en los años neoliberales, lo que llevó al deterioro de los servicios y de las condiciones de trabajo.
Hoy, el IMSS tiene afiliados a casi 23 millones de trabajadores y atiende, además, a sus familiares, por lo que sus servicios son estratégicos para una porción considerable de la población nacional. Igualmente, gracias a su extensión a nivel nacional, el IMSS juega un papel fundamental en el mantenimiento de la estabilidad y la paz social.
Finalmente, hay que advertir que la respuesta de las autoridades ha sido positiva en la medida en que reconocieron la decisión de los trabajadores y la legitimidad de sus protestas. Debe subrayarse que la inconformidad no se limita a los magros incrementos salariales; se debe, asimismo, a la falta de material de trabajo, de medicinas y de equipo, y a las sobrecargas de trabajo. Todo esto se hizo patente durante la pandemia del COVID hace unos años. Los trabajadores de la salud, incluyendo los del IMSS, fueron reconocidos como “héroes nacionales” por cumplir con su deber y su exposición directa al contagio del virus, lo que causó un elevado número fallecimientos de doctores, enfermeras y personal de apoyo en clínicas y hospitales. Ese reconocimiento, sin embargo, no se reflejó en mejoras a sus ingreso y condiciones de trabajo. Por ello, la explosión social de septiembre-octubre debe obtener frutos tangibles. Los diputados, según informes de la prensa nacional, están pensando en un aumento sustancial al que propuso el gobierno federal en el PPEF. Ya veremos si esta voluntad se refleja finalmente en el presupuesto aprobado (PEF). No obstante, es indispensable que también veamos un sindicato más representativo. Las autoridades deben perderle el miedo a la democracia sindical cuando ésta se manifiesta en el sector público. Respetar y alentar la voz de los trabajadores obliga a las autoridades a reconocer fallas y, al mismo tiempo, a mejorar su desempeño. A, quizás, gastar más de lo que se tenía planeado, pero igualmente a brindar a la población mejores servicios de salud, los cuales son derechos constitucionales.
La lucha de los trabajadores del IMSS ya se ha ganado un lugar destacado en la historia del sindicalismo mexicano. Esperemos que sirva para abrir nuevos cauces a la democracia en las organizaciones gremiales del sector público, y a la construcción de un Instituto más fuerte y digno al servicio de las familias mexicanas.
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