En el momento de escribir estas líneas, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) atraviesa un conflicto creciente. El 5 de octubre del presente año se firmó el Convenio de Modificación del Contrato Colectivo de Trabajo con el personal académico y, dos días después, el 7 de octubre, se publicó la convocatoria de la Asociación Sindical de Personal Académica de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (ASPABUAP) para someterlo a consulta.
Como es sabido, debido al creciente malestar, esta consulta será pospuesta y se permitirá votar a toda la comunidad académica. Académicos de distintas unidades académicas, con el apoyo de sectores del movimiento estudiantil, han expresado su rechazo al Convenio, al considerar que lesiona derechos y conquistas previamente alcanzados en materia de pensiones y jubilaciones.
El Convenio firmado por la rectora Lilia Cedillo Ramírez y la ASPABUAP es de lectura difícil para quien no esta familiarizado con las ponderaciones que usan los actuarios para calcular salarios y pensiones.
Aun así, podemos establecer que el nuevo convenio que será sometido a la consulta ahora postergada contiene los siguientes planteamientos:
- Los y las trabajadores que hoy aportan el 4 % de su sueldo base al fondo de pensiones elevarán anualmente en 1% dicha aportación hasta alcanzar un 15% en 2038 y la BUAP hará lo mismo.
- Esas aportaciones se harán ya no con fundamento en el sueldo base, sino al sueldo de cotización que está integrado por el sueldo base, la prima por antigüedad, la prima vacacional y la canasta básica. Quienes se oponen a la reforma dicen que la prima de antigüedad puede verse reducida hasta en un 40%.
- Para las nuevas contrataciones después de firmado el Convenio, la aportación al fondo de pensiones será inmediatamente del 15%. Igualmente, la BUAP aportará otro 15%.
- Además, el sueldo de cotización se calculará aplicando un factor de 0.85, lo que significa que la base salarial considerada para efectos de cotización corresponderá al 85 % del salario de referencia. Quien se jubile en 2027 recibirá el 96% y así sucesivamente hasta llegar a 85% en 2038.
- El cálculo se hará también en base a los salarios devengados en los últimos cinco años para los trabajadores en transición (trabajadores activos). Se trata del promedio de los salarios de cotización de ese periodo, sujeto a las reglas de cálculo y al factor de ajuste aplicable.
- Los trabajadores activos que ya hayan cumplido los requisitos para jubilarse conservarán las condiciones vigentes al adquirir ese derecho; quienes aún no los cumplan quedarán sujetos al régimen de transición, según su fecha de ingreso, antigüedad y años de cotización.
- En el caso de quienes sean contratados después de la aprobación del nuevo convenio, el cálculo se hará también en base al promedio de los salarios de cotización, pero en este caso serán los últimos diez años.
- Para quienes sean contratados después de la aprobación de la reforma, se requerirán estrictamente 65 años de edad y 35 años de cotización para acceder a una jubilación ordinaria.
- En relación con los trabajadores que ingresaron a partir del 16 de febrero de 2007, las cláusulas transitorias establecen una tabla escalonada para la jubilación ordinaria. La edad mínima requerida para acceder a la jubilación se determina en función de la antigüedad laboral o de los años de cotización acumulados.
- La jubilación anticipada para los contratados después del nuevo convenio, entre los 60 y los 64 años de edad, implica una reducción de entre el 5 % y el 25 % del salario regulador utilizado para calcular la pensión, según la edad de retiro.
- En materia de aguinaldo, los trabajadores en activo conservarían los 90 días actuales. Para quienes se jubilen bajo el régimen de transición, se contemplan 75 días, mientras que para las nuevas generaciones de jubilados la propuesta establece 40 días de aguinaldo.
La gran pregunta y las pensiones doradas.
La gran pregunta en torno a la reforma de pensiones en la BUAP es cuál es la voluntad del gobierno federal. ¿Está respaldando una reforma de carácter neoliberal como la que han propuesto la Rectoría de la universidad y la ASPABUAP?
En la única intervención pública sobre el tema que yo conozco, la presidenta Sheinbaum señaló tres problemas: pensiones de montos elevados, casos de doble pensión y jubilaciones en las que el trabajador no realizó aportaciones. La presidenta sostiene que deben revisarse los mecanismos que dieron origen a estas situaciones.
Esto nos lleva a un sordo clamor en la BUAP: los privilegios salariales que tiene la alta burocracia universitaria y la existencia de un grupo que, según se afirma, alcanza a 100 personas que se han retirado con pensiones doradas.
La estrategia de retiro que es posible observar en la llamada burocracia dorada es jubilarse cuando calculan que el promedio de los salarios devengados y otros pagos que pueden sumárseles les garantizan una pensión que está muy por encima de las que reciben los empleados administrativos de medio y bajo nivel, así como de los profesores horarios.
Esas pensiones doradas están también por encima de las de los académicos de medio tiempo y tiempo completo. Además, las pensiones doradas parecen funcionar como un premio de consolación a los altos burócratas cuando se les obliga a jubilarse porque han caído en desgracia con el núcleo duro del poder en la universidad.
La rectora Lilia Cedillo ha hecho declaraciones con las que uno no puede sino simpatizar. Ha expresado que se revisarán las pensiones doradas y que se harán ajustes salariales y bonos que reciben los profesores horarios de la universidad.
La revisión de las pensiones de la burocracia dorada se haría conforme al criterio constitucional de que ninguna retribución contractual debe superar los ingresos de quien encabece el poder ejecutivo.
El salario de la presidenta Sheinbaum actualmente asciende a un salario bruto mensual de 193,706 pesos y uno neto de 134,290 pesos y un aguinaldo de 270,000.
Los montos de las pensiones de los cuatro exrectores tienen un rango en términos brutos que oscilan entre 128,455.68 pesos mensuales a 175,878.80. A esto habría que sumarles aguinaldos que se sitúan entre 321,139 a 439,697.
Anualmente, estos ingresos en términos netos van de 1,542,811.44 a 2,010,403.40. Las pensiones de los cuatro exrectores tendrían que ser recortadas por que el ingreso neto anual de la presidenta con todo y aguinaldo asciende a 1,881,480 pesos.
Los profesores horarios ya fueron recordados.
La rectora Cedillo ha expresado que “ha llegado el momento de que nos acordemos de los profesores horarios”. En rigor, el que nos recordáramos de los profesores horarios debería haber sucedido hace muchos años.
Lo hicimos quienes organizamos en 2020 y 2021 los coloquios Los Retos de la Educación Pública Superior en México en una época de cambios y Los Retos de la Nueva Agenda Universitaria, que recogieron las aportaciones de 165 académicos, estudiantes y servidores públicos de diversos lugares del país que fueron expresados en treinta eventos realizados.
El diagnóstico universitario y las propuestas de solución fueron recogidos en el libro que elaboramos Francisco Vlez Pliego y mi persona, el cual lleva el título de “Los retos de la nueva agenda universitaria en México en una época de cambios. Una perspectiva desde la BUAP” (editado por el ICSYH-AVP).
Ha dicho la rectora que los profesores horarios comprenden el 70% de lo/as trabajadores académicos de la BUAP. Los registros últimos del anuario estadístico de la BUAP nos informan de un 53%.
Ganan unos 200 pesos la hora y su número ha ido subiendo desde 2004 cuando eran 1,500 hasta 2025 cuando llegó a 2,546. Reciben además dos bonos anuales de unos 11 o 12,000 pesos dependiendo del número de horas trabajadas.
Tienen condiciones laborales deplorables y están sujetos por su vulnerabilidad al disciplinamiento político por parte de las autoridades centrales y directores de unidades académicas.
Si aplicáramos ajustes similares a las pensiones doradas de los alegados 100 exfuncionario/as que las reciben, ¿alcanzaría para hacerle frente a los aumentos salariales y bonos de los profesores horarios? La respuesta obvia es no.
Un sector de profesores horarios está siendo movilizados en la actual coyuntura y ya emitieron un pronunciamiento que se puede encontrar en este vínculo (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMVuZIWwsMp48D98OND283PXaFUrBO6KnIFjsrOzViNIw9pw/viewform?usp=dialog).
En su pronunciamiento, este sector de profesores horarios pide: erradicación del autoritarismo en la universidad; transformación universitaria encabezada por el Consejo Universitario; derechos políticos plenos para los profesores horarios; transparencia y blindaje al fondo de pensiones; reducción del 20% de los salarios de la alta burocracia; congelamiento de aumentos a quienes ganen más de 40,000 pesos; rescate, auditoría y desprivatización del Hospital Universitario.
El documento toca aspectos sustanciales de la reforma universitaria que urge hacer en la BUAP y ofrece un apoyo condicionado a la aprobación de la reforma de pensiones.
El 23 de octubre, la rectora ha respondido a los profesores horarios: aumento del 10% en sus salarios; mantenimiento de sus bonos; asignación de cargas y horarios bajo la supervisión de la Vicerrectoría de Docencia; los profesores horarios podrán ser consejeros universitarios o de unidad, así como formar parte de los cuerpos académicos.
La reforma de pensiones y la voluntad del Gobierno federal.
El documento de los profesores horarios reconoce la crisis generalizada de las pensiones heredada del modelo neoliberal. Conciben al Convenio entre la BUAP y la ASPABUAP como un intento de la administración central de adecuar los planteamientos del Gobierno federal para reformar el régimen de pensiones y consideran necesario proponer alternativas sin rechazar de antemano la reforma.
En efecto, parece necesaria una reforma al régimen de pensiones y esta es la postura del gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum.
Según noticias del 13 de octubre de 2026, la SEP clasificó a las 35 universidades públicas estatales autónomas en cuatro categorías financieras: ocho con finanzas saludables, nueve estables, 14 frágiles y cuatro en estado crítico. La presión de los sistemas de pensiones figura entre los principales factores de esta situación.
La BUAP no está entre las cuatro en estado crítico ni entre las 14 frágiles. Su fondo de pensiones asciende a 6,550 millones de pesos y su gasto en pensiones es de 1600 millones anuales (24.4%), lo que implica que en 2030 dicho fondo quedaría en ceros.
No es menor que el actual subsecretario de Educación Superior del Gobierno federal es Ricardo Villanueva Lomelí, quien como rector de la UdeG (2019-2025) fue artífice en febrero de 2024 de una reforma de pensiones similar a la que ahora se esta promoviendo en la BUAP.
La reforma de la UdeG estableció para los trabajadores activos una aportación inalterable de 10%, la conservación de sus condiciones de retiro y una escalonada para la institución hasta llegar al 26% en 2029. Los nuevos trabajadores dan aportación al fondo de pensiones del 18% de su salario y un porcentaje similar lo aporta la universidad.
Resulta claro que la reforma de pensiones que están propiciando las autoridades centrales y la ASPABUAP encaja con la voluntad del Gobierno federal. También es evidente que es inevitable la reforma al régimen de pensiones.
El cuestionamiento radica en si las autoridades de la BUAP hicieron el procedimiento de reforma de manera adecuada; si informaron de manera transparente acerca la situación financiera del fondo de pensiones y de la propia universidad; si realizaron un procedimiento de auscultación; si la consulta inicialmente planeada para el 28 de octubre estaba dirigida a todo el personal académico y si se dio el tiempo suficiente entre la convocatoria y su realización.
La respuesta es negativa en todos los casos.
No al golpismo, sí a la reforma universitaria.
Estoy de acuerdo en que la reforma de pensiones es lesiva a los derechos adquiridos por lo/as trabajadores de la BUAP.
Inicialmente, la consulta sería votada únicamente por la afiliación a la ASPABUAP cuando el Convenio dice que será autorizado por “los trabajadores académicos a los cuales se aplica dicho contrato” y la convocatoria decía que la misma estaba dirigida a “las y los trabajadores cubiertos por el contrato colectivo vigente”.
La consulta fue planeada para hacerla fast track, su convocatoria tuvo imprecisiones y por lo tanto podía ser impugnada legalmente.
Más aun, la reforma de pensiones está agitando de nuevo el malestar latente que existe en la universidad y ese malestar puede originar situaciones impredecibles.
Hay actoras y actores que se opusieron al paro estudiantil del año pasado y que ahora aparecen como radicales y algunos hasta están pidiendo la renuncia de la rectora. Una de las personas que encabeza el malestar tiene en la foto de su perfil una bandera de Israel.
He expresado pública y privadamente que la rectora debe continuar en su cargo hasta 2029 y hago un llamado a que mantengamos esta postura a los que estamos descontentos con la reforma de pensiones.
No podemos prestarnos al juego de fuerzas intervencionistas a las cuales no les importa la autonomía universitaria. Las autoridades centrales de la BUAP y el personal académico deben luchar por una solución negociada.
Esta solución negociada no debe sustentarse en los resultados de una consulta que se asienta en una votación dirigida desde las alturas y en no pocos casos movilizada por el oportunismo de quienes quieren quedar bien con el poder universitario.
La agitación que hoy vivimos puede aprovecharse constructivamente para abrir la discusión sobre una reforma universitaria que contemple los privilegios de la burocracia dorada y la precarización laboral de los profesores horarios.
Asimismo, puede servir para impulsar una reforma universitaria que incluya, entre otros, los siguientes cambios: erradicar el autoritarismo que hoy impera en la universidad; desmantelar el dominio de la alta burocracia; reformar la composición del Consejo Universitario y las formas de gobierno universitario; propiciar la vinculación entre los institutos de investigación, las licenciaturas y las preparatorias; fortalecer el papel de las academias en la toma de decisiones de la universidad; detener la precarización laboral y salarial de las y los integrantes del personal académico, especialmente de los profesores horarios; y impulsar procedimientos que favorezcan la excelencia en la docencia y una definición democrática de las prioridades del presupuesto universitario.
Hagamos de esta coyuntura una oportunidad para impulsar el cambio en la BUAP que durante tanto tiempo se ha postergado.
