Germán Sánchez Daza es académico del CEDES-BUAP
El pasado martes 6 de octubre la Presidenta, en su conferencia diaria, informó que se estaban revisando los distintos regímenes de pensiones de las universidades públicas con la condición de que sean sustentables, que se estaba en una fase de diálogo. Mencionó que había casos con doble pensión o con montos excesivos, con contratos colectivos que los establecían y que era necesario revisar los mecanismos a través de los cuales se generaron. (https://www.gob.mx/presidencia/es/articulos/version-estenografica-conferencia-de-prensa-de-la-presidenta-claudia-sheinbaum-pardo-del-06-de-octubre-de-2026?idiom=es)
Dos días después, el sindicato universitario ASPABUAP difundió a través de las redes que tenía firmado un Convenio de Modificación del Contrato Colectivo (en adelante Convenio) con la Institución, reformando lo relativo a las jubilaciones y pensiones, que será sometido a consulta de los académicos el próximo 28 de octubre. Desde ese día se han emitido distintas expresiones de los universitarios: dudas, descontentos, críticas, contrapropuestas… Es un Convenio que tendrá impacto directo sobre 5,144 académicos y 4,290 funcionarios y trabajadores administrativos (aun cuando a la fecha no se conoce la propuesta de revisión del contrato de estos).
En este artículo pretendemos abordar los aspectos generales de esta propuesta, y en un siguiente texto la abordaremos de manera más detenida. Cabe destacar que se trata de un Convenio que no fue resultado de un diálogo abierto con los académicos, sino una “negociación” desde las cúpulas: la élite burocrática y los líderes sindicales oficiales.
1. Es pertinente ubicar la reforma a las jubilaciones y pensiones en el contexto. Este tipo de “reformas” ha sido un eje central de la política de austeridad neoliberal mundial, de la destrucción de lo que se ha denominado Estado del Bienestar y de la agresión del capital contra las prestaciones y salarios de los trabajadores, el resultado ha sido la polarización económica, el aumento de la pobreza y de la precariedad laboral. En el caso mexicano, desde la década de los ochenta hemos vivido esta situación, es pertinente destacar la caída brutal de los salarios (incluyendo los universitarios): que a mediados de los 90s. disminuyó a un 30% respecto a su valor de 1976-78.
A fines de 2018, la política social del gobierno mexicano cambió, se efectuaron acciones importantes para disminuir la pobreza, al mismo tiempo que se realizaron reformas a la legislación laboral, y se elevó el salario mínimo. Sin embargo, estos no han alcanzado a recuperar el nivel de los 70s., además la precariedad e informalidad del empleo siguen expandiéndose, bajo nuevas formas y espacios. Paralelamente, la riqueza de los grandes capitales se ha incrementado. En un ámbito más específico, las universidades fueron señaladas por la corrupción, falta de transparencia y privilegios, el ejemplo claro fue la “estafa maestra”; así, desde el inicio de la administración de la 4T se efectuó una exposición de la problemática universitaria centrada más en la actuación y excesos de sus cuerpos directivos (burocracia dorada) y no en la diversidad de prácticas y dimensiones del trabajo en las universidades, de sus limitaciones y potencialidades. De hecho, durante el periodo 2018-2025, no hubo una política federal clara para la educación superior, las acciones que se privilegiaron fueron: contención presupuestal (austeridad republicana, incluyendo no autorizar nuevas plazas) y apertura de otras opciones universitarias (que impulsan nuevos programas educativos, basados en una aguda precariedad del trabajo).
2. Para comprender los cambios a las condiciones de jubilación y pensiones, consideramos necesario recordar el origen de ellas en el ámbito de la educación superior. Durante el periodo de 1970-1982, entre las demandas centrales de los movimientos universitarios estaban la democratización de sus instituciones y del país, la gratuidad y ampliación de la educación superior, la formalización de las relaciones y derechos labores, y el de la organización sindical; hacia fines de los 70s, se impulsó la creación de un sindicato nacional único, pero no se logró. En esos años, el gobierno (SEP) negociaba con las universidades sus presupuestos e impulsaba la expansión de la matrícula (bajo la estrategia de la petrolización de la economía y el sostenimiento del estado social autoritario-clientelar). Es el periodo en el que varias universidades del país establecen gestiones democráticas, críticas, y que impulsan proyectos académicos socialmente comprometidos; entre sus políticas fue el reconocimiento de los derechos laborales de sus trabajadores. Como sabemos, eran los últimos años de un modelo económico y social surgido a fines de los 30s., después vendría la crisis y la larga oscuridad de las políticas neoliberales.
En este contexto, surgieron demandas como el derecho a la jubilación y pensiones dignas (una lucha emblemática fue la de las/los telefonistas, que buscaron que fuera a los 30 años de servicio, sin condiciones de edad). Se generó una diversidad de acuerdos, así hubo universidades que quedaron bajo el amparo de la seguridad social del IMSS o del ISSSTE, y otras bajo esquemas propios, como la UAP; los límites presupuestales (subsidio) se enfrentaban colectivamente. Con los gobiernos prianistas y sus políticas autoritarias de austeridad y recortes, se llegó al límite de financiamiento (insostenibilidad) de varias de las instituciones que eligieron ese esquema.
3. En el caso de la UAP, las relaciones laborales (incluidas la jubilación) tienen como fundamento las reformas que impulsaron las/los estudiantes y académicos en la década de los 70s., en la lucha por la democratización y gratuidad de la educación universitaria, así como el impulso de un proyecto de Universidad que incluyera la formación y las actividades críticas, científicas, tecnológicas, sociales y humanistas. Es durante este periodo que se consolidaron proyectos como la creación del Hospital Universitario (concebido como una alternativa de atención de salud digna para los universitarios y la población en general, siendo a la vez un centro de formación de los jóvenes del área de la salud). También se establece una regulación de las relaciones laborales, con la consolidación de los organismos sindicales y los contratos colectivos. Los contratos actuales son el resultado de la lucha de los trabajadores universitarios y de su sindicato (SUNTUAP). En este contexto surgieron las prestaciones sociales, pensiones y jubilaciones (entre ellas la jubilación a los 25 años de servicio y con el 100% de salario), pero en 2007 sufrieron un recorte sustancial (consultar Coca, 1987).
Es conocido que a partir de 1990 se impone un nuevo proyecto universitario, implementado las políticas educativas neoliberales, disminuyendo la matrícula, estableciendo el sistema de créditos en los planes de estudio, implantando el productivismo y los dispositivos de poder (programas de estímulos y bonos), siguiendo disciplinadamente los lineamientos y restricciones financieras de la SEP; de esta manera, se limitó la participación directa y comprometida de los académicos en el proyecto de universidad, pues este era construido desde los gabinetes de los organismos internacionales, del gobierno y de las autoridades de la Institución. Así, se consolidó la élite burocrática (burocracia dorada), que se apropió de las universidades, de la UAP, que define los rumbos de la Institución, en función de discutibles criterios del mercado profesional y de atención a las demandas sociales; se amplía infraestructura sin estudios y proyecciones adecuadas (CU2), y sus intereses corporativos están íntimamente ligados a los intereses de las fracciones y grupos políticos gubernamentales.
4. El Convenio que los académicos conocieron el pasado jueves, se venía cocinando desde hace bastante tiempo, sin que se abriera la discusión en las academias, en las facultades e institutos. Se fue tejiendo desde arriba, aunque ya se había argumentado que sería un eje fundamental del Plan Institucional 2025-2029, donde aparece vinculado con la viabilidad financiera de la Institución y la eficiencia en el uso de los recursos, explicando que habría que “alinear” el esquema de jubilación con los criterios y políticas federales. La difusión de la propuesta a partir de ese jueves es la primera información que tiene la comunidad académica, sin que exista una argumentación y/o documento Institucional que muestre clara y ampliamente la problemática y los alcances del Convenio, misma que tendrá que votar en dos semanas. Así es el diálogo y la democracia de la élite burocrática que posee a la UAP.
Desde ese día, las redes en las que participan los universitarios se han visto invadidas de dudas sobre la propuesta, de críticas y descalificaciones. Destaca la propaganda de “convencimiento” por parte del (ASPABUAP), que no informa, sino que llama a votar a favor, con frases como “conservar nuestro fondo de pensiones y jubilaciones… beneficia a nuestros actuales jubilados y a las generaciones venideras para los siguientes 80 años”. Ningún asomo de reflexión y al diálogo abierto. Es una propuesta que hay que votar a favor, esta práctica es harto conocida en nuestro país, lamentablemente.
5. Como mencionamos al inicio de este artículo, en un próximo texto revisaremos con mayor detenimiento la propuesta, por el momento hacemos tres comentarios breves, que tienen que ver con el impacto directo sobre los académicos; y que exponemos para discutir colectivamente, a fin de lograr mayor claridad, pues sabemos que, en términos del ámbito legal, existen interpretaciones controversiales, y con la confusa redacción del Convenio, la diversidad de lecturas se multiplica.
Primero, de acuerdo al documento difundido, se puede concluir que los académicos que ya tienen el derecho a jubilarse, según las normas vigentes hasta ahora, se les respetarán éstas. Si bien hay legislación al respecto (derechos adquiridos), también se argumenta que hay controversias legales. Por esto, y considerando la redacción retóricamente confusa (no queremos decir amañada) de la Cláusula Cuarta, se mantiene la duda de si se respetarán los derechos de los que siguen laborando, aunque ya pueden jubilarse. En esta condición se pueden identificar 885 académicos, es decir el 17.3% del total, que en el cuadro 1 aparecen con un fondo verde.
Segundo, de la revisión de las Cláusulas 5 a 13 hemos interpretado que los académicos (ahora denominados Académicos Activos en Transición) que ingresaron a partir de 2002, recibirán como pensión jubilatoria solo un 85% del salario o menos (con las denominaciones de Salario de Cotización y el Regulador) y deberán laborar 35 años (o más). Aun cuando hay matices que pudieran sugerir otra lectura, pero que también pueden ser interpretados como contradictorios. Según esa primera lectura, resulta que cambiarán sus expectativas de vida laboral 4,264 académicos, es decir el 82.7%, que en cuadro 1 aparecen con un fondo gris.
Tercero. La aportación a Seguridad Social se eleva del 8 al 15%, que se integrará al Fondo de Pensiones y Jubilaciones y se adiciona un 4% para Otros Rubros de Seguridad Social. El aumento mencionado se hará progresivamente, en un punto porcentual a partir de 2028. Además, ese porcentaje se calculará incluyendo el pago por vacaciones, antigüedad y canasta básica. Esto significa que el impacto dependerá de la antigüedad y es superior al 20% del salario base.
6. Por otro lado, quedan cuestiones fundamentales que requieren transparentarse y/o aclarar.
Primero. Queda la duda de porqué ésta y no otra alternativa. Es necesario que la Institución y el ASPABUAP den a conocer los estudios sobre los que se basaron para hacer la propuesta, incluyendo el impacto que tendrá sobre las “sustentabilidad financiera” de la Institución (para 80 años, toda una proyección inverosímil), las alternativas que desecharon y que justifican la que ahora se propone, y las consecuencias laborales y de trayectoria profesional sobre los académicos.
Segundo. El Convenio de reforma de las pensiones y jubilaciones solo está dirigido al contrato colectivo de los trabajadores académicos, y qué pasa con los administrativos y demás personal de confianza, en especial de los funcionarios de primer nivel, es decir sobre las pensiones de los altos funcionarios, de la cúpula burocrática (burocracia dorada), activa y jubilada. Esta inquietud tiene que ver por los altos ingresos que perciben. Al respecto, podemos observar en el gráfico 1 la gran desigualdad del monto de las pensiones, los cuatro exrectores tienen una pensión muy superior a cien mil pesos, en tanto que 1,943 es menor a diez mil pesos; de hecho, tenemos que los funcionarios y directivos de primer nivel jubilados (los estratos superiores de la pirámide, un total de 285) representan solo el 5.7% del total y se llevan el 19.1% del total de la nómina mensual del personal jubilado.
7. Desde las inquietudes y cuestionamientos que se han expresado en las redes han surgido diversas propuestas, entre ellas mencionamos:
Que se revisen las pensiones y jubilaciones de los altos funcionarios, incluidos las que ya se están ejerciendo.
Que se establezca un tope a las pensiones de los altos administrativos y funcionarios, sugiriendo que el tope sea el monto del salario de la categoría académica más alta P.I. Titular C.
Que se rechace el Convenio y que se aclaren sus contenidos y alcances.
Añado la que realice en el mes de marzo: “…que los cargos de elección (rectoría, direcciones de unidad académica) debieran ser honoríficos, manteniendo sus salarios como académicos, dado que en sus postulaciones argumentan sistemáticamente el “honor” de salir electos, esto eliminaría las “pensiones doradas”. Definido este tope, sería la referencia para el resto de los sueldos de los demás puestos de funcionarios.
8. Para concluir, en las declaraciones de la Presidenta que mencionamos al inicio de este texto, se enfatiza que la revisión y modificación de las jubilaciones y pensiones debe ser en diálogo con los sindicatos o con los propios académicos y que sean justas, “nadie quiere hacer algo injusto” afirmó. Esto no ha sucedido. Como hemos expuesto, el Convenio es el resultado de la “adaptación” de las normas y criterios de la Subsecretaría de Educación Superior por parte de la dirección Institucional (¿respetando la autonomía?) y la conformidad (¿subordinación?) de una dirección sindical.
Cabe preguntarse sobre el proceso que siguió esa representación sindical para conocer la opinión de sus agremiados, lo cual deberán documentar para el proceso de registro de los resultados. En estos días, ha convocado a reuniones por unidad académica con los trabajadores, pero la propaganda que ha estado difundiendo además de no ser informativa, sostiene que es la única alternativa y solo con su aprobación se logrará la sostenibilidad financiera y se generarán nuevas plazas, narrativas que amedrentan, intimidan.
La estrategia de sustentabilidad financiera no puede depender de la reforma al sistema jubilatorio y, mucho menos, del Convenio cupular, debe ser una estrategia amplia, multidimensional, y basada en la capacidad, iniciativa y participación de todas y todos los universitarios, consensuada, no impuesta.
Referencias
ASPABUAP-BUAP (2026) Convenio de modificación del contrato colectivo de trabajo. ASPABUAP-BUAP. 5 de octubre.
BUAP (2026) Remuneraciones brutas y netas. Plataforma Nacional de Transparencia.
BUAP-ASPABUAP (2025) Contrato Colectivo de Trabajo 2025-2027. https://repositorio.buap.mx/rdrh/public/inf_public/2025/0/CCT_ASPABUAP_2025-2027.pdf
Coca Santillana, Ernestina (1987) La evolución de los salarios y las prestaciones en el SUNTUAP: 1978-1985. Escuela de Economía, UAP.
CPIIE (2026) Personal docente. BUAP Vicerrectoría de Docencia. https://repositorio.buap.mx/rdocencia/public/inf_public/2026/0/Planta-Docente-Q8-2026.pdf
SUNTUAP (1992) Contrato Colectivo de Trabajo. SUNTUAP https://www.suntuapweb.com/documentos/
