Desparece la discusión más importante que grupos ciudadanos han venido sosteniendo desde décadas atrás: la lucha debe ser, antes que nada, por la soberanía interna, por la recuperación y defensa del territorio civil, ahora ocupado, controlado y gobernado, en buena medida, por el vergonzoso contubernio entre las bandas del crimen organizado y políticos corruptos en posiciones de autoridad
Difícilmente —al menos eso creo por ahora—, la presidenta Claudia Sheinbaum y su equipo promoverán el desafuero de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, su juicio político o, lo más grave, la desaparición de poderes. Sin embargo, ya han conseguido anclar el caso en la opinión pública. La comparecencia de la señora Campos ante la Fiscalía ha contribuido a que la muerte de dos, de cuatro, agentes de la CIA que participaron en un operativo en contra del crimen organizado en la entidad norteña, en abril pasado, ocupe lugares prioritarios en la agenda pública.
Ciertamente, el tema consigue desviar, de momento, la atención sobre la pesada carga en que se han convertido para nuestro gobierno, las solicitudes de extradiciones realizadas por autoridades norteamericanas. Pero, más temprano que tarde, la presión norteamericana terminará por imponerse. Dos son los verdaderos propósitos detrás del hostigamiento político a la gobernadora chihuahuense. Uno es ideológico; el otro, de la mano, es político.
Ideológicamente se persigue borrar del imaginario colectivo el origen de la crisis que enfrenta el gobierno federal: la por demás evidenciada relación cómplice entre los cárteles del crimen organizado y no pocas instancias de los tres niveles de gobierno. En su lugar, se pretende fijar otro motivo: la violación a la soberanía nacional por parte de agencias norteamericanas, con la anuencia del gobierno de Chihuahua. Traicionar a la patria no es poca cosa.
El miércoles pasado, Maru acudió al llamado de la Fiscalía y a su salida informó a los medios presentes que la intención de la Fiscalía es imputarla, pues, dijo, la citaron tramposamente. En cambio, afirmó, a quienes los Estados Unidos acusan de tener nexos con el crimen organizado los citan para entrevistarlos amigablemente. Su discurso de defensa, por inevitable y necesario, ha terminado por completar el cuadro que planearon los estrategas gubernamentales. Al acusar a la contraparte gubernamental de corrupta e ineficiente, la gobernadora norteña ofreció los argumentos complementarios para elevar el fenómeno a una disputa nacional sobre la acción estatal sobre el territorio. El juego ha quedado definido. La teatralidad de Campos, durante su comparecencia ante medios, demuestra que no está contrariada. Por el contrario, tiene mucho interés en él. Hasta hace poco, su nombre no ocupaba titulares nacionales. Ahora, podría estarse proyectando políticamente hacia alturas insospechadas.
La fuerza está del lado del gobierno federal. La polarización ha alcanzado el máximo grado posible: la disputa abierta por la nación y su derecho a autodeterminarse. Nada más productivo para los gobiernos con tendencias autocráticas que justificar su intolerancia: quienes disientan son enemigos de la patria, traidores. De esa manera, el énfasis en la soberanía nacional permite definir bien y mal, con una claridad pretendidamente irrebatible. Las fuerzas externas, y quienes desde el interior se sumen a ellas, representan el mal. El gobierno del pueblo y todos aquellos que admitan su discurso y sus políticas, el bien. Desparece, así, la discusión más importante que grupos ciudadanos han venido sosteniendo desde décadas atrás: la lucha debe ser, antes que nada, por la soberanía interna, por la recuperación y defensa del territorio civil, ahora ocupado, controlado y gobernado, en buena medida, por el vergonzoso contubernio entre las bandas del crimen organizado y políticos corruptos en posiciones de autoridad.
El objetivo político es reforzar la estrategia para preservar, a toda costa, el poder. Las modificaciones aprobadas el miércoles pasado al artículo 41 de la Constitución, mediante las cuales podrán ser anulados procesos electorales en los cuales haya habido injerencia extranjera —indefinida hasta el momento—, demuestran que el gobierno de Claudia Sheinbaum tiene interés en capitalizar la presencia no autorizada de los agentes de la CIA. En Morena ven complicado el escenario electoral del año próximo. A pesar del control estructural, la creciente insatisfacción con los resultados, el retroceso económico y la soberbia y el cinismo de buen número de miembros de Morena, en todas las posiciones políticas, han dibujado un escenario nada sencillo para el año próximo. El nuevo artículo 41 podría facilitar la invalidación de procesos no favorables y acusar de enemigos de la nación a los protestantes. Adicionalmente, mediante el énfasis en la soberanía externa, se invisibilizó intencionalmente la interna: no se reglamentó la anulación de elecciones en las que intervenga el crimen organizado.
Por si fuera poco, la mayoría morenista aprobó la reelección de magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, favoreciendo a jueces que han exhibido, ya, su simpatía y alineación con el gobierno morenista. El juego es por demás evidente.
Sin duda, las muertes de los agentes de la CIA en Chihuahua vinieron como anillo al dedo al gobierno morenista. Le resultaron útiles para pasar a segundo plano las graves acusaciones norteamericanas contra funcionarios de Sinaloa. Pero más aún, porque les han posibilitado potenciar el discurso nacionalista para profundizar la polarización y degradar, aún más, la conversación pública. El hecho no es menor. En el último siglo, entre 35 y 50 países en los que la conversación pública dejó de ser terreno de acuerdos para convertirse en arena de batallas han terminado por convertirse en países con regímenes autoritarios.
Controlar lenguaje y debate es una de las más importantes operaciones que posibilitan controlar el poder.
