El día miércoles por la tarde y ayer jueves circuló profusamente un video qué exhibe las protestas de un sector de trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Y el video es verdadero y cierto. Pero era la mitad de la historia.
El Poder Judicial Federal Emitió un acuerdo en que decía que todos los trabajadores, excepto jueces y magistrados, serían evaluados constantemente.
El texto era tajante: si no aprobabas con un 60% de créditos, te removían del cargo. O sea, te despedían.
Y el otro 40%… por decisión del titular. O sea, si le caes bien o no.
Ojo: todos los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, se someten a exámenes de manera permanente. Incluso para entrar a trabajar ahí hacen exámenes.
Pero qué curioso: los jueces y magistrados, que son la posición más alta, ¡no hacen exámenes!
Ese era el Acuerdo General AG-POAJ-025/2026, publicado el 5 de noviembre de 2026. Aplicaba a unos 32 mil secretarios proyectistas, actuarios y oficiales judiciales.
Por eso la molestia de los trabajadores. Prácticamente era una lucha por sobrevivir, en la incertidumbre de que te despidan.
Si van a evaluar, que evalúen a todos. ¿No?
Porque así no es carrera judicial. Así es control.
Al de abajo lo evalúas, lo calificas, lo corres si no llega al 60%. Al de arriba no lo tocas. Al de arriba no lo evalúas. Al de arriba lo proteges.
Y al trabajador le dejas el 40% a la voluntad del jefe. A que, si le caes bien, te quedas. Si no, te vas. Eso no es mérito. Eso es sumisión.
No estaban evaluando para mejorar la justicia. Estaban evaluando para tener a todos con miedo.
Un trabajador con miedo no defiende derechos. Un trabajador con miedo obedece.
Y una justicia con trabajadores con miedo, no es justicia. Es oficina de trámite del jefe en turno.
Pero ahí viene lo bueno: el acuerdo ya no existe.
El 6 de noviembre hubo paro nacional en al menos 17 estados. El 7 y 8 de noviembre la Corte y el Sindicato pactaron quitarle todo efecto sancionador. Y el 9 de noviembre el Órgano de Administración Judicial abrogó por completo el acuerdo. Duró solo 96 horas vigente.
Por cierto, por medio de sendos avisos de fechas 06 y 09 de noviembre de 2026; se declaró, por causa de fuerza mayor, inhábil pero laborable a distancia esos mismos días.
Lo tumbaron los trabajadores. No lo tumbaron los jueces.
¿Y por qué a los jueces no los evalúan igual?
Porque los jueces de ahora no llegaron por examen. Llegaron por acordeón.
El 1 de junio de 2025 fue la primera elección judicial. Solo votó el 12.89% del padrón. 9 de cada 10 no participaron.
Y repartieron acordeones. Listitas impresas que decían por quién votar. Se documentaron en 26 estados, más de 3,000 ejemplares. El INE mismo invalidó 1,322 casillas en la elección del Tribunal de Disciplina porque el 90% de los votos coincidieron con los acordeones.
Los nombres de los acordeones fueron los que ganaron. Los nueve ministros de la Corte venían en el acordeón. Hugo Aguilar, Lenia Batres, Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz, María Estela Ríos, Giovanni Figueroa, Irving Espinosa, Arístides Guerrero, Sara Herrerías. Todos.
El TEPJF, por 3 votos contra 2, dijo que no había pruebas suficientes para anular. Y el INE solo puso multas de 22 mil a 146 mil pesos a 177 ganadores.
Así nacieron los llamados jueces del acordeón.
Ejemplo de lo mal que funciona la llamada Reforma Judicial está en el vecino estado de Tlaxcala: de 22 jueces electos en 2025, 6 reprobaron su primera evaluación. El 27.2%. La propia presidenta del Tribunal de Disciplina de Tlaxcala lo reconoció el 2 de noviembre de 2026. Les dieron 3 a 5 meses para “mejorar”.
O sea: al trabajador de carrera lo querían correr si sacaba menos de 60. Al juez del acordeón que reprueba, le dan cursito y lo dejan en el cargo. Con nombre reservado, para que nadie se entere.
Y como si no fuera suficiente, ahora aplazan la segunda elección judicial.
La reforma de 2024 decía que en 2027 se elegía la otra mitad: el resto de jueces y magistrados federales. Pero la reforma constitucional publicada el 2 de junio de 2026 movió todo al primer domingo de junio de 2028.
La Cámara lo aprobó con 322 votos a favor, 132 en contra y 22 abstenciones. Iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Oficialmente dicen que es para no empalmar con la elección intermedia de 2027, para reducir candidaturas y para que el voto sea más informado. Para que no se repita lo de 2025.
Y también coincide con la revocación de mandato en junio de 2028.
Pero en los hechos, ¿qué significa?
Significa que los que debían irse en 2027 se quedan un año más. Hasta septiembre de 2028. Los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, que debían concluir en 2027, se quedan hasta 2028. Y además podrán reelegirse para un nuevo periodo. Algunos podrían durar hasta 17 años en el cargo, como lo denunció en el propio Pleno del congreso el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, de Morena.
Los jueces y magistrados electos en 2028 durarán 8 años, hasta 2036. Tomarán protesta el 1 de septiembre de 2028.
Y las elecciones judiciales locales también se tienen que hacer ese mismo día. Los estados tienen que armonizar sus constituciones.
O sea: compraron tiempo. Pero no resolvieron la pregunta central: ¿cómo haces para que la gente elija jueces con información suficiente y sin acordeones?
Aplazar no es corregir. Aplazar es patear el bote.
1. Al trabajador lo quisieron evaluar para correrlo. Lo tumbaron en 96 horas.
2. Al juez del acordeón no lo evalúan para correrlo. Lo evalúan para perdonarlo.
3. Y a la elección que iba a renovar la otra mitad, la aplazan a 2028. Para que los que están se queden más tiempo.
Evaluados para sobrevivir los de abajo. Electos por acordeón los de arriba. Y aplazados para quedarse los del medio.
Eso no es justicia. Eso es control.
Y mientras sigamos con trabajadores con miedo, jueces de acordeón y elecciones aplazadas, seguiremos siendo lo que este artículo denuncia:
Un país donde la justicia no se gana por mérito. Se gana por lista, por acordeón, o por aguantar un año más en el cargo.
En tanto, los tribunales federales trabajan de manera lenta y mal. Es la justicia que tenemos y no hay más.
