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Mundo Nuestro tiene un objetivo prioritario: realizar un periodismo de investigación que contribuya en la construcción de una estrategia nacional de conservación, desarrollo y custodia de la biodiversidad y la agrobiodiversidad, lo que se llama el patrimonio biocultural de México.

Día con día

He leído la declaración conjunta oficial emitida por los gobiernos de México y Estados Unidos sobre sus negociaciones de la semana pasada.

No encuentro en el texto una palabra sobre aranceles o comercio, lo cual era al menos la mitad de la negociación. Los compromisos que asumen ambos gobiernos son de otra índole.



México se compromete a dar un “salto en su aplicación de la ley” (Mexican Enforcement Surge) , con “pasos sin precedente para contener la migración irregular, incluyendo el despliegue de su Guardia Nacional en su territorio, con prioridad sobre la frontera sur”.

México se compromete también a “desmantelar las organizaciones de tráfico y contrabando de personas, así como sus redes ilegales de financiamiento y transporte”

El compromiso respectivo de Estados Unidos es “expandir rápidamente a toda su frontera sur”, los Protocolos de Protección Migratoria existentes en su legislación.

“Esto quiere decir”, precisa el texto, “que quienes crucen la frontera sur de Estados Unidos en busca de asilo serán rápidamente devueltos a México donde podrán esperar la adjudicación de sus peticiones de asilo”.

Quiere decir, también, literalmente, que “México autorizará la entrada de estas personas por razones humanitarias, en cumplimiento de sus obligaciones internacionales, mientras esperan por la adjudicación de sus peticiones de asilo” . Y “les ofrecerá trabajo, cuidados médicos y educación según sus principios”.



Lo que yo entiendo de estas cláusulas es que México se compromete, de un lado, a impedir el paso de los centroamericanos ilegales por su territorio y del otro, a que quienes logren llegar a Estados Unidos ,sean regresados de inmediato a territorio mexicano, donde permanecerán mientras les conceden o no el asilo al otro lado.

Entre los migrantes que hay que contener y los que llegan a territorio estadounidense, estamos hablando en el último año y medio de más de un millón de personas. El gobierno mexicano ha asumido la responsabilidad de contenerlos en su paso por México y/o de recibirlos devueltos por Estados Unidos si llegan a cruzar.

Todo esto habría sido a cambio de que el presidente Trump no imponga aranceles del 5% a las exportaciones mexicanas. Pero en la Declaración Conjunta , los aranceles no existen, sólo los migrantes.



Al parecer, Trump consiguió su muro: es México.

Mundo Nuestro. La revista nexos publicó en enero de 2017 este extraordinario ensayo de Joaquín Villalobos sobre la realidad centroamericana ante la perspectiva del presidente Trump. Lo reporoducimos aquí con la autorización de la revista y con el ánimo de ayudar a visualizar la dimensión del conflicto que hoy vive nuestro país por la crisis migratoria y la política impulsada por el gobierno norteamericano, abiertamente violatoria de nuestra soberanía, pero expresión también de la debilidad de México ante su poderoso y criminal vecino.

Joaquín Villalobos, ex jefe guerrillero salvadoreño, consultor en seguridad y resolución de conflictos; sesor del gobierno de Colombia para el proceso de paz, es un habitual colaborador de la revista Nexos.

La ilustración de portadilla es de Víctor Solís

La tarde del 14 de julio de 1969 cruzaron el cielo de San Salvador un poco más de una docena de viejos aviones de combate en formación seguidos por un grupo más numeroso de pequeñas avionetas de uso civil. Horas más tarde el gobierno militar comunicaba que tropas salvadoreñas habían cruzado la frontera e iniciado combates contra tropas hondureñas, mientras simultáneamente los aviones salvadoreños bombardeaban en tierra a los igualmente viejos aviones de la Fuerza Aérea de Honduras. A esta guerra se le conoció como “la guerra del futbol” porque los gobiernos militares utilizaron las eliminatorias del Mundial para activar un nacionalismo absurdo entre países idénticos.



Las historias de esta guerra son casi tragicómicas. La tropas de El Salvador se quedaron sin combustible y municiones a los cuatro días, las avionetas civiles fueron usadas con soldados amarrados al fuselaje y éstos lanzaban bombas con la mano para luego ametrallar con su fusil; un general se dedicó a saquear el primer pueblo que ocupó; otro general avanzó montado en un burro y se perdió con sus tropas en Honduras. Cuentan que el dictador Anastasio Somoza, de Nicaragua, llamó violentos a los militares salvadoreños por resistirse a usar la diplomacia. El Partido Comunista de El Salvador apoyó la guerra y llamó a filas pero el gobierno rechazó su “patriótico respaldo”. El gobierno hondureño organizó un cuerpo paramilitar llamado la “Mancha Brava” para perseguir a los salvadoreños y difundió la consigna “hondureño agarra un leño y mata un salvadoreño”. Los militares salvadoreños fueron jubilosos a aquella ridícula guerra para luchar contra Honduras y defender a sus hermanos campesinos, sin embargo, una década más tarde aquellos mismos militares estaban ejecutando horribles matanzas en su propio país.

Durante décadas Honduras fue la válvula de escape demográfico que protegía la estabilidad del poder oligárquico de El Salvador. Cuando por distintas razones Honduras decidió cerrar esa válvula y repatrió a más de 300 mil salvadoreños, la reacción del gobierno militar fue declararle la guerra a Honduras. Haber perdido a este país como ruta de descargo demográfico contribuyó al estallido de una guerra civil en El Salvador. Honduras cerró su frontera por 11 años a los productos salvadoreños y acabó con el Mercado Común Centroamericano, el primer proyecto de integración regional del continente.

El efecto de tapar el flujo migratorio y devolver a miles de migrantes funcionó como una bomba social y política para El Salvador. La llamada “guerra del futbol” fue un conflicto demográfico movido por los intereses económicos de las elites nacionales en ambos países. Después de esto vino un cuarto de siglo de convulsión política y violencia que incluyó una guerra civil en El Salvador, una revolución en Nicaragua, un genocidio en Guatemala, el establecimiento de bases militares norteamericanas en Honduras y la invasión a Panamá por tropas estadunidenses. Presiones demográficas, intereses de las elites locales, militarismo y cambios en las políticas de Estados Unidos se combinaron en la construcción del conflicto centroamericano; el más cruento de Latinoamérica desde la “Revolución mexicana”.

Cuando se habla de los factores que generaron el conflicto centroamericano se debate sobre tres responsables fundamentales: la “Teología de la Liberación”, la injerencia comunista cubano-soviética y las dictaduras militares que servían para sostener a regímenes de carácter oligárquico. Muy poco se habla de cómo los giros contradictorios de las políticas de Estados Unidos en el continente fueron mucho más determinantes que las ideologías o que la Unión Soviética y Cuba en la activación de las crisis internas que acabaron convertidas en guerras.

Luego de la revolución cubana, el gobierno de John Kennedy impulsó la “Alianza para el Progreso” con la idea de que debía hacerse una revolución pacífica para evitar una revolución violenta. Esta política movió a las elites gobernantes a realizar reformas en el campo social, se construyeron miles de escuelas y se propuso la realización de reformas agrarias. Con la llegada de Richard Nixon vino la “política de seguridad nacional” que echó para atrás el reformismo y se concentró en contener el comunismo, multiplicando la represión, respaldando fraudes electorales y golpes de Estado. Años más tarde el presidente James Carter impulsó la política de respeto a los “Derechos Humanos”, con lo cual la democracia como paradigma empezó a tener vigencia; en ese contexto fue derrocado el dictador Anastasio Somoza por la “Revolución Sandinista” y el tratado Torrijos-Carter acordó entregar el canal a Panamá. Entonces vino la administración de Ronald Reagan que retornó a la política de contener la expansión comunista que, conforme a sus ideas, se estaba acercando a Estados Unidos. Tropas estadunidenses invadieron la isla de Granada y nació lo que se conoció como “guerra de baja intensidad” que tuvo a Centroamérica como escenario principal.



Al analizar estos giros desde una perspectiva histórica podemos apreciar que se trató de un juego de avances y retrocesos que movió a las elites y a las sociedades de los pequeños países centroamericanos en direcciones opuestas en un período de sólo 30 años. El efecto de esto fue devastador en la activación de contradicciones tanto dentro de los gobernantes como de los gobernados. Las causas estaban presentes en las realidades de ausencia de democracia y pobreza, pero ni los teólogos, ni los comunistas, ni los cubanos tenían tanta potencia como para ser detonadores de guerras.

Imaginemos lo que puede pasar si a las primitivas elites de una pequeña nación una gran potencia le dicta un día una política reformista, al segundo día le dice que debe reprimir, al tercer día le dice de nuevo que debe hacer reformas y al cuarto día le vuelve a decir que reprima. El resultado será que esa pequeña nación se dividirá profundamente y acabará en una guerra. Los conflictos no habrían alcanzado tanta intensidad sin la profunda división entre reformismo y autoritarismo que activaron las políticas estadunidenses al interior de estos países. Las administraciones de Kennedy y Carter tuvieron razón al impulsar reformas, pero los avances que éstas provocaban hicieron que las políticas de Nixon y Reagan se convirtieran en escaladas de represión que le permitieron a las oligarquías locales acusar de comunista y eliminar a cualquier opositor, incluso a quienes venían de sus propias filas. Esto radicalizó procesos de cambio que pudieron y debieron haber sido pacíficos. Fue así como quedó instalada en la región una polarización extrema que ha derivado en ingobernabilidad.

En la actualidad la bomba demográfica ya no abarca sólo a El Salvador, sino que ha crecido y cobrado carácter regional. Guatemala tiene hoy 16 millones de habitantes, Honduras nueve y El Salvador 6.5 millones. El problema es que ninguno de estos tres Estados del llamado Triángulo Norte es capaz de generar empleos, educar, brindar servicios y proveer seguridad para sus más de 30 millones de habitantes. Los grandes vacíos en las responsabilidades de los Estados tienen relación directa con los bajos niveles de recaudación fiscal y ésta es la causa principal de la inviabilidad de estos tres países. Esto no es un asunto ideológico, la debilidad institucional le permite a los ricos del Triángulo Norte vivir como reyes en un basurero. Las llamadas “maras” son una catástrofe social sin precedentes en el continente, no es crimen organizado como el que padecen otros países. En ningún otro lugar de Latinoamérica un problema social acabó convertido en una violencia criminal masiva tan feroz, porque en ningún otro lugar tienen las elites niveles tan altos de irresponsabilidad e insensibilidad.



Las guerras de los ochenta en la región centroamericana orientaron los flujos migratorios hacia Estados Unidos y en los últimos 20 años este país ha funcionado como la principal válvula de escape a la presión demográfica centroamericana. Algo similar al papel que jugaba Honduras con El Salvador, pero con la diferencia de que aquella migración campesina dejaba un beneficio indirecto para las elites que se limitaba a reducir la conflictividad por la tierra. La migración hacia Estados Unidos les deja un beneficio directo y de alta rentabilidad. Las remesas de los migrantes están modificando el carácter de las economías de la región y convirtiendo a los propios habitantes en producto de exportación. La migración no sólo reduce las responsabilidades de las elites en la atención a la pobreza, sino que la exportación de pobres los está volviendo más ricos. Conforme a los datos, desde 1998 para El Salvador y desde 2007 para Honduras y Guatemala, los tres países han recibido más de 130 mil millones de dólares en remesas y éstas crecen más cada año. La distorsión es tal que El Salvador es considerado un país de renta media a pesar de la violencia, del desempleo y de una economía que tiene muchos años de no crecer.

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Teniendo en cuenta estos 130 mil millones de dólares en remesas recibidas en menos de 20 años, la pregunta que surge es: ¿por qué estos tres países se encuentran entonces en una situación tan grave? Las remesas comenzaron como una bendición, pero se han convertido en una maldición similar al efecto de la renta del petróleo en algunos países. La diferencia es que la renta de las remesas tiene unos costos humanos dramáticos. En El Salvador es casi imposible recuperar una economía productiva y Honduras y Guatemala van por el mismo rumbo, las remesas le están quitando estímulos a la inversión productiva y generando una falsa economía de servicios y consumo que depende totalmente de la exportación de personas.

Pero lo más grave es la relación que guardan las remesas con la violencia. Si en el terreno económico generan un falso progreso, en el terreno social provocan muerte. Una vez que éstas se vuelven dominantes para la economía, abren un fatal círculo vicioso en el que conectan migración, remesas, decrecimiento económico, destrucción de familias y comunidades, violencia y desempleo. Es decir, que estos países entre peor están, mejor les va económicamente a las elites, porque reciben más remesas resultado de que más gente emigra. No hay ninguna señal de que las elites económicas y políticas de estos países quieran sacar o sepan cómo sacar a sus países de este círculo vicioso. Esto es así porque se trata de grupos primitivos, poco ilustrados, socialmente insensibles, políticamente irresponsables, con propósitos fundamentalmente extractivos y sin visión estratégica.

La tragicomedia de la “guerra del futbol” fue una muestra de la escasa calidad intelectual de estas elites, pero se pueden encontrar muchas otras tragicomedias o tragedias insólitas en cualquiera de los tres países. El último golpe de Estado al estilo de los años cincuenta ocurrió en el año 2009 en Honduras cuando los militares sacaron al presidente en pijama del país. En enero de 1981 efectivos militares guatemaltecos asaltaron la embajada de España y quemaron con lanzallamas a 34 personas. En El Salvador Roberto d’Aubuisson, fundador del partido de la derecha ARENA, decidió matar al arzobispo Romero de un balazo en el corazón en plena misa durante el sacramento de la Eucaristía. Amigos de izquierda y derecha de otros países suelen decirme: “esas oligarquías son salvajes”, en ese sentido el calificativo de “repúblicas bananeras” no es peyorativo, sino descriptivo.

Durante la administración del presidente Obama hubo muchas deportaciones, pero al mismo tiempo luchó por una ambiciosa reforma migratoria que permitiera regularizar la situación de millones de migrantes. Su política fue compasiva frente a la tragedia de quienes huyen del Triángulo Norte y simultáneamente su gobierno impulsó planes para apoyar el fortalecimiento institucional y el combate a la corrupción. Los efectos de esta política se han hecho sentir con fuerza. En Guatemala un ex presidente fue extraditado, otro se encuentra preso junto a su vicepresidente y recientemente un ex ministro murió a tiros cuando enfrentó a policías que intentaban capturarlo. En El Salvador hay un ex presidente muerto mientras era procesado, otro se encuentra asilado, uno más guarda prisión y es bastante probable que dos ex presidentes más sean investigados. En Honduras hay un presidente procesado y miembros de una de las familias más ricas del país enfrenta cargos por narcotráfico en Estados Unidos. En Guatemala hay procesos abiertos por evasión fiscal contra grupos económicos poderosos y en El Salvador se conoce que hay investigaciones de ese tipo en marcha.

Tanto en Guatemala como en Honduras se han creado organismos externos para combatir la impunidad, mientras en El Salvador la Fiscalía General y la Corte Suprema de Justicia están recibiendo un fuerte apoyo norteamericano para que puedan actuar con independencia. Juzgar cada caso es irrelevante, lo central es que estas acciones sobre toda la región permiten ver claramente la intención de combatir la corrupción para forzar a un cambio en la calidad de las elites que no tiene orientación ideológica preferente, pues en los tres países hay golpes hacia la derecha y hacia la izquierda. Puede cuestionarse la eficacia del método, pero no el propósito. Para los efectos de este artículo, lo que interesa señalar es que bajo el gobierno de Donald Trump es bastante probable que venga un cambio similar a los giros contradictorios en la política estadunidense que generaron violencia y guerras en toda la región en los años ochenta.

El presidente Trump ha planteado construir un muro que cerraría la válvula de escape a la presión demográfica de la región, al mismo tiempo ha anunciado deportaciones masivas, impuestos a las remesas y erradicación de las “maras” en Estados Unidos expulsando a sus miembros a Centroamérica. En los últimos 12 años ha habido 187 mil 951 homicidios en Guatemala, Honduras y El Salvador, una cifra que en términos comparativos supera los 220 mil muertos que Colombia ha tenido en 50 años y coloca a la región como la más violenta del planeta. Los muertos continúan aumentando junto a la población que huye de la violencia. El número de homicidios deja claro que ya no estamos frente a un fenómeno migratorio motivado por razones económicas, sino frente a refugiados y población desplazada por la violencia y esto requiere atención humanitaria.

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La deportación sistemática de delincuentes fue lo que llevó a las pandillas de Los Ángeles a Centroamérica, una vez allí éstas se multiplicaron por la pobreza y se volvieron más violentas por la incapacidad de los gobiernos para detener su avance. Ahora son un poder fáctico que controla territorios y somete población. Honduras provocó una guerra civil en El Salvador cuando hizo exactamente lo que pretende hacer Trump con Centroamérica, cerrar el paso y deportar masivamente. Esta política sería dar un bandazo de consecuencias fatales para toda la región. En los años ochenta México asumió el liderazgo para hacer contrapeso a la política de Ronald Reagan hacia Centroamérica, ahora además de ocuparse de sus propios problemas con la administración Trump, tendrá que lidiar también con la tragedia humanitaria del Triángulo Norte.

Por otro lado, se perfila una política ideológica en vez de una política pragmática en la relación con los gobiernos, si esto es así la polarización en Guatemala, Honduras y El Salvador crecerá y con ello la ingobernabilidad en países que apenas están aprendiendo a tolerar el pluralismo. Las políticas de fortalecimiento institucional y de lucha contra la corrupción podrían ser abandonadas o tomar un camino ideológico apoyando a las derechas contra las izquierdas. El resultado de esto será que los procesos actuales, en vez de ayudar a la madurez de las elites, contribuirán a que se abra un ciclo de venganzas y lucha por el control político ideológico del Poder Judicial. Exactamente lo mismo que ocurrió cuando se impulsaban reformas que luego se convertían en justificación para reprimir.

Las pequeñas naciones centroamericanas sufren con sólo que Estados Unidos no las voltee a ver. La administración Trump planea darles cuatro golpes simultáneos: reducir las remesas poniéndoles impuestos, cerrar la puerta a sus desesperados migrantes, deportar a centenares de miles de trabajadores y enviar a miles de pandilleros a países que ya están derrotados por la criminalidad. Es una tormenta perfecta, obviamente estos países no van a declararle la guerra a Estados Unidos como hizo El Salvador con Honduras en 1969, tendrán que tragarse sus problemas. Lo que viene es una implosión que le dará continuidad a la tragicomedia bananera, pero ahora se mezclarán en ésta el primitivismo, el egoísmo extremo y la ignorancia de las elites locales con la impiedad, el racismo y la irresponsabilidad del liderazgo de la gran potencia del norte.

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Ilustración: Víctor Solís

El presidente de Estados Unidos está desatando varios conflictos mundiales al mismo tiempo. Tanto amenazas militares como en el caso de Irán o Venezuela, como de tipo comercial contra China, India, Japón, Europa y, ahora, México. Estas últimas son de distinta intensidad, pero producen a nivel mundial una gran incertidumbre, minan la confianza de inversionistas y empresas y reducen las oportunidades de empleo.

En el caso de México, el incidente es particularmente llamativo dado que se trata de un viejo aliado que ha estado ligado a Estados Unidos desde hace décadas a través del TLCAN. Justamente, el día en que el presidente López Obrador anunció su decisión de pedirle al Congreso la aprobación del nuevo acuerdo comercial (el T-MEC), Trump a través de su Twitter, amenazó a nuestro país con imponer aranceles a todas las importaciones de mercancías. Con ello puso en duda la certidumbre de ése y cualquier arreglo escrito firmado por Washington.

La amenaza es aún más incomprensible si tomamos en cuenta que la economía estadunidense pasa por un buen momento, con tasas de crecimiento superiores al promedio histórico de las últimas décadas y un desempleo mínimo.

¿Por qué Trump decide escalar las guerras comerciales en un momento como éste, sabiendo, como sabe, que ello puede producir efectos nocivos para la economía global y, en particular para la de su propio país?



La respuesta pudiera ser, como ha sido expresado por varios comentaristas, miembros del Congreso de Estados Unidos e incluso representantes del sector privado, tan simple como: por irresponsable. Pero podría ser que estas conductas no respondieran sólo a un acceso de furia que no mide las consecuencias.

Como se ha dicho, también, Trump parece estar buscando dos objetivos políticos: el primero, darle a su campaña por la reelección un mayor brío. Cuestiones muy estimadas por sus electores duros han sido el problema de la inmigración y el llamado outsourcing, es decir, el traslado de empresas y proceso productivos, principalmente a China y México, con la consecuente pérdida de empleos en territorio estadunidense. El segundo, distraer la atención pública para que el asunto de la intromisión rusa en las elecciones de noviembre de 2016 se minimice en la prensa.

Si esto es cierto, México se convertirá cada vez más en la víctima de un juego perverso que consiste en tratar de demostrar que nuestro país no puede o no quiere detener la inmigración indocumentada proveniente de Centro América. Diversos indicadores muestran que el flujo de personas provenientes del sur de la frontera de Estados Unidos no está en su momento más álgido, de acuerdo con los niveles históricos que se han presentado en otras décadas. Recordemos tan solo que alrededor de 400 mil mexicanos promedio anual se fueron a vivir al otro lado de la frontera entre 1990 y 2010, mientras que el número de centroamericano promedio anual ha sido de poco más de 80 mil en las últimas décadas (sin tomar en cuenta las personas repatriadas). Puesto que el problema tiende a agravarse y se trata de un asunto muy llamativo, con una fuerte carga dramática debido al número de niños y mujeres que tratan de llegar hasta allá debido al desastre que padecen en sus propias naciones (Honduras, El Salvador, Guatemala), la manipulación mediática es relativamente fácil. De esta manera, para Trump el problema nunca estará resuelto, no importan las estadísticas o la conducta y el discurso del gobierno mexicano.

En lo que toca a la posibilidad de que regresen a Estados Unidos las compañías que operan en México, ello difícilmente va a suceder en el corto plazo: las cadenas de valor que se han construido entre los dos países en las empresas fabricantes de autos, computadoras, cámaras fotográficas, televisiones y hasta cerveza, no se pueden romper para rehacerse fácilmente en territorio estadunidense. Además, si esto sucediera, la potencia del norte tendría entonces un serio problema de escasez de mano de obra.

Sólo para ilustrar el fenómeno, México vendió a Estados Unidos el año pasado mercancías por un total aproximado de 347 miles de millones de dólares. Una tercera parte fueron automóviles, sus accesorios o partes. Otro 11 por ciento consistió en computadoras, aparatos de televisión y de video; y un pequeño pero significativo dos por ciento fueron cervezas. Del total de productos exportados por nuestro país a nuestro vecino, por lo menos un 30 por ciento tienen un contenido estadunidense. Hasta las chelas fabricadas en nuestro suelo llevan lúpulo y cebadas cultivadas en Estados Unidos. La esperada ratificación del T-MEC significa la continuidad y fortalecimiento de este esquema productivo que consolida las cadenas de valor trasfronterizas.



Se puede concluir entonces que las amenazas de Trump contra México son pura demagogia. No buscan resolver ningún problema. Son simplemente anuncios publicitarios para promover su propia candidatura.

Pero, y ¿qué sucede con el resto del mundo? Ni China, ni la Unión Europea ni Japón pueden ser acusados de promover la inmigración indocumentada a Estados Unidos, y aunque también pudieran servir como chivos expiatorios para demostrar que el nacionalismo de Trump va en serio y así ganar votos, las razones pueden ser más complejas.

La economía de Estados Unidos, a pesar de su auge en estos momentos, es estructuralmente muy vulnerable. Su talón de Aquiles reside en sus desequilibrios macroeconómicos: básicamente los déficits en sus finanzas públicas, en el comercio de mercancías, y en su cuenta corriente. Esto quiere decir que el gigante económico vive de prestado: el gobierno gasta más de lo que recauda; importa más de lo que exporta; y en general salen más dólares de Estados Unidos de los que entran debido a sus flujos comerciales y financieros. La diferencia tiene que cubrirse sobre todo emitiendo deuda externa. Esta situación ha empeorado con Trump debido a la rebaja de impuestos que otorgó a las personas y empresas más acuadaladas.



La economía estadunidense es como un auto muy poderoso que puede alcanzar velocidades muy altas pero que necesita refacciones, llantas y gasolina que tiene que adquirir en el extranjero. Depende entonces de este abastecimiento y ello produce dos problemas mayores. El primero, que desde el punto de vista geopolítico la economía estadunidense está haciendo fuerte a otras naciones, particularmente a China, su rival económico mayor. Y segundo, que esa dependencia puede en un momento dado representar una amenaza a su sobrevivencia.

Las guerras, incluyendo las comerciales, son producto de una decisión política. La búsqueda de una nueva supremacía mundial de Estados Unidos pasa hoy por la disputa de los mercados. El plan de Trump consiste en tratar de frenar a China, y subordinar a sus aliados como la Unión Europea, India, Japón y México, a un esquema económico que permita revertir los problemas estructurales de su economía. Pero es un proyecto equivocado: falla en el diagnóstico pues los déficits estadunidenses no se resolverán con medidas de fuerza unilaterales, principalmente barreras aduaneras. Se equivoca en su instrumentación: a corto plazo las disputas comerciales sólo podrán traer mayores riesgos de una recesión mundial.

Dado que aún faltan 17 meses para las elecciones presidenciales en Estados Unidos, la mejor solución y quizás la única, a corto plazo, sería la destitución de Trump como presidente de Estados Unidos. El mundo estaría más tranquilo. Y México se quitaría de encima una causa de sufrimiento que no nos merecemos. Se trata de un episodio que todavía se ve lejano y que no puede ser tomada como una alternativa realista para el gobierno mexicano. Pero casi todos podrían coincidir en que Trump difícilmente va a cambiar sus posturas. Así las cosas, puede que no tengamos muchas opciones. En el corto o en el mediano plazo, el gobierno tendrá que replantear su esquema de conducción política hacia afuera y hacia dentro. Se requerirá una nueva orientación diplomática y un proyecto económico alternativo. Esperemos que surjan acompañado de un diálogo abierto con la sociedad para encontrar las mejores soluciones.

saulescobar.blogspot.com

Mundo Nuestro. La revista española Sin Permiso presenta esta entrevista realizada por Antonia Ceballos Cuadrado. Ella sscribe en la revista feminista andaluza La Poderío.

Fuente original Fuente: La Poderío



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El pasado 1 de mayo, las calles de Sevilla volvieron a acoger la manifestación del Coño Insumiso, con apoyo de organizaciones de toda España. Cinco años después de la manifestación original por la que tres mujeres, que no participaron en la organización y que fueron escogidas al azar e identificadas en los vídeos de la acción, fueron imputadas. El próximo 3 de octubre se celebra al fin el juicio, pero la espera está llena de resiliencia y feminismo como en la jornada de convivencia prevista para el próximo sábado, 18 de mayo. Hablamos con Antonia Ávalos, una de las tres imputadas.

“Yo creo que lo que sienten ellos como un sacrilegio es este atrevimiento y esta herejía de haber empleado nuestro cuerpo como un dispositivo en contra de un discurso patriarcal, machista, y decir este es mi cuerpo y mi coño es un símbolo de libertad, de elección, de emancipación, de placer, de locura, de todos los adjetivos que le queramos poner y de todos los deseos y los sueños que tenemos durante siglos de opresión y donde se veía el cuerpo y la vagina o el coño de una mujer como el origen de todos los pecados”. La que nos cuenta esto es Antonia Avalos, de 56 años, presidenta de la asociación Mujeres Supervivientes de Violencias de Género, y una de las tres imputadas por participar en la manifestación del Santo Coño Insumiso y el Santo Entierro de los Derechos Laborales celebrada el 1 de mayo de 2014, en plena efervescencia de las luchas contra la ley del aborto propuesta por Alberto Ruiz Gallardón (PP) que finalmente dimitió ante la fortaleza del movimiento feminista.

Hablamos con ella de aquella lucha, de lo que supuso, de lo que ha venido después y de lo que queda por hacer en una mañana de primavera sevillana que parece verano, luminosa como la alegría y la esperanza con la que afronta la lucha y el juicio que tiene pendiente y que (¡al fin!) se celebrará el próximo 3 de octubre. Sin embargo, las nubes negras nos acechan, aunque no las veamos. Esa misma mañana del 14 de mayo en la que compartimos confidencias, risas, cuidados y amor sororo, la asociación responsable de su calvario judicial, la Asociación de Abogados Cristianos, una organización con sede en Valladolid, anuncia la presentación de una demanda contra la Diputación de Córdoba por la exposición del colectivo Maculadas que cuestiona el año Murillo y su papel en la propaganda anti-mujeres. Esa misma mañana, uno de los cuadros que integran la exposición ha aparecido rajado después de recibir críticas de PP, Ciudadanos y del omnipresente Vox.



El mensaje tanto en 2014 como en 2019 está claro: nuestros coños molestan. “No soportan que nos apropiemos de nuestro cuerpo y de nuestro coño; sienten que nuestro cuerpo no nos pertenece, pertenece a los hombres para ser unas madres abnegadas, sumisas, sacrificadas”, reflexiona Avalos. No en vano, nosotras somos hoy más fuertes que en 2014, pero la derecha misógina también se ha rearmado. “La primera conquista que hemos hecho las mujeres con la que se han sentido muy desafiados es la conquista de nuestro cuerpo”, explica Avalos con esa dulzura y esa firmeza con la que defiende las cosas en las que cree, y “eso les ha generado al patriarcado, a la derecha y a las religiones una respuesta muy virulenta de misoginia y de rearmarse con odio en contra de los derechos conquistados”.



Por los derechos de todas

Este 1 de mayo, las feministas de Sevilla, con apoyo de mujeres de otros puntos de España como Málaga, Cáceres, Madrid o Palencia, gracias al soporte económico de la Fundación Calala, volvieron a pasear sus coños insumisos por las calles de la capital andaluza para reivindicar lo mismo que hace 5 años: “los derechos sexuales y reproductivos, el derecho a un empleo digno, en contra de la brecha salarial, por una vivienda, contra los asesinatos machistas”. Reivindicaciones que no tienen nada que ver con la fe, sino con la justicia social.

Y lo hicieron porque era un derecho, pero ante todo era una obligación. “Teníamos que volver a salir este uno de mayo porque los derechos la única forma en que se conquistan, que se pueden hacer leyes, es en las calles, es luchando”, recuerda Avalos. Esta nueva manifestación “era volver a reivindicar ese derecho de salir, de ser sujetos políticos y nuestra obligación, por supuesto, porque es como el mensaje frente a la ciudadanía, las mujeres jóvenes, las feministas, que tenemos que seguir poniendo el cuerpo, el corazón y la rebeldía y nuestras voces en esta lucha, que no nos hemos rendido, que no nos vamos a rendir”.

El próximo sábado, 18 de mayo, siguen en la lucha con una convivencia que arranca a las 12 de la mañana y que se prolongará hasta la noche porque, como dice Avalos, “si nos vencen a nosotras es vencer a una parte de la ciudadanía que somos las mujeres”. Y no están dispuestas a eso.

Represión y criminalización de la lucha

Avalos no participó en la organización de la movilización de 2014; sin embargo, es una de las tres imputadas en una causa que fue archivada y reabierta. La asociación de Abogados Cristianos, con sede en Valladolid, denunció en Madrid unos hechos ocurridos en Málaga y Sevilla y fruto de aquello tres mujeres, elegidas al azar de entre las participantes en una movilización en la que hubo un fuerte dispositivo policial, pero ninguna identificación, fueron imputadas. “Sin conocernos y sin haber ellos presenciado nada de la manifestación y desconocer que todas nuestras reivindicaciones son políticas, sociales y legítimas y tienen que ver con las mujeres, sus derechos o nuestras opresiones. Suena rocambolesco, pero realmente tiene la lógica de la represión y de la criminalización”, nos cuenta Avalos.

Desde la Red de Apoyo que se creó se habló de la existencia de listas negras en la Brigada de Información de la Policía Nacional. “Como habíamos estado participando en el movimiento en contra de la ley del aborto cogieron a una chica joven universitaria, a una chica anarquista española y a una mujer mayor inmigrante, como los tres perfiles, para castigarnos, criminalizarnos y como ejemplo de que esto que nos atrevimos a hacer tenía consecuencias y tenía un castigo”, cree Avalos, “porque no encuentro otra razón de cómo pueden saber que esta que está por ahí bailando corresponde a este nombre si no nos identificaron y no me conocían ni a mí ni a mis compañeras de nada la policía”.

Desde entonces, han pasado cinco largos años de justicia patriarcal, en un proceso en el que la Fiscalía, que nos representa a todas, tomó el relevó de la acusación cuando los abogados cristianos no quisieron abonar la fianza para seguir como acusación particular. Le preguntamos si considera que ese hecho lanza el mensaje de que el Estado está en contra de las mujeres y responde sin vacilar: “Sí, por supuesto, el Estado está en contra de las mujeres y esa justicia que nunca llega a nuestras vidas. Esa justicia que es para los hombres y para los jueces y para la gente de poder”. Además, denuncia que la Fiscalía “incorpora un nuevo delito que es que nosotras dudamos del dogma de la virginidad de la Virgen María” y nos devuelve la pregunta “un Estado aconfesional, ¿cómo puede recriminarnos que no creamos en ese dogma?”.

El 8M, la explosión de la rebeldía

La manifestación de este 1 de mayo ha sido mucho más numerosa que la de 2014 y es que, desde entonces, el feminismo ha dado saltos de gigante en nuestro país. El tren de la libertad y el 7N abrieron un camino imparable de diálogo intergeneracional, considera Avalos, “y ya con lo del 8M vimos una explosión de feminismo, de rebeldía, de discursos, de reivindicaciones, de nuevas formas de estar en las calles, pero también de cuestionarnos nuestra vida íntima, privada, las formas de amar, de ser, de estar en el mundo, de hacer política, de cuestionar al Estado, de reclamarle a los hombres también…”.

Avalos, que se reivindica como mujer migrante “porque no todas las mujeres tenemos los mismos derechos y eso lo quiero dejar claro por mí y por todas, las mujeres empleadas del hogar, todas las hermanas que no tienen papeles, las que son explotadas”, cree que la movilización de 2014 fue posible gracias a las protestas contra la ley Gallardón. “Eran también tiempos fuertes de la crisis económica, pero se conjugan desde mi punto de vista muchas condiciones económicas, políticas, ideológicas, culturales, las nuevas generaciones que hacen posible que esta manifestación sea como una síntesis de todo ese hartazgo, de todos esos deseos de justicia social, de tener mejor calidad de vida y en ese contexto surge y, por eso, es tan impactante”, señala. Además, “con este nuevo discurso de apropiarnos de nuestro cuerpo, de nuestro coño” algo que considera como “una gran revolución dentro del feminismo”, el hecho de “utilizar una estrategia de lucha que pone en jaque al sistema patriarcal en su conjunto que se sustenta, desde mi punto de vista, en la explotación de los cuerpos de las mujeres”.

Frente al miedo, el amor

Sin embargo, los costes personales no son una cuestión menor. “A mí me ha generado sufrimiento, soledad también, miedo”, narra Avalos. “Cuando yo fui imputada por primera vez no tenía papeles y el pensar que me expulsaran del país o cualquier otra consecuencia me daba terror porque es como una persona tan pequeñita frente al poder del Estado y frente al poder de una asociación que tiene muchos recursos económicos y mucho odio hacia nosotras, hacia las mujeres, que las consecuencias yo no las podía medir y que me daba miedo no volver a ver a mi hija porque mi hija vive aquí y está estudiando, me daba mucho miedo. Y sí, te sientes vulnerable, triste”, confiesa.

El riesgo de la autocensura siempre está ahí, “el peor riesgo de la represión es cuando tú interiorizas tanto ese miedo que ya no necesitas los censores externos sino que tú solita te controlas qué decir y qué no decir porque sabes que van a venir a por ti”. Pero, ella es puro poderío y resiliencia y no se deja vencer tan fácilmente: “Yo, pese a eso, que mis hijos también tienen miedo y me dicen “mamá, ya no sigas cosas en facebook, por favor, que tal y que cual”, no te digo que no tengo miedo, pero siempre me debato entre el miedo y mi deseo de libertad y mi rebeldía y yo creo que lo que me hace sujeto y persona y tener dignidad es no acallar mi voz para siempre”.

Su pena de banquillo ya está a punto de terminar, una pena que te mantiene en la angustia de la espera y que ella ha combatido con amor. “Las mentiras por más grandes que fueran no pueden contra esa verdad tan pequeña, pero tan potente que es el amor y vivir la vida y apostar a la vida”, nos dice. El 3 de octubre se cierra una etapa, pero Avalos sabe que no será la última: “Si ellos ganan nosotras vamos a recurrir y sabemos que si nosotras ganamos, ellos van a recurrir; pero a continuar con la lucha. Esa convicción está en mi corazón y en mi pensamiento y en mis compañeras también”; por eso, afronta el juicio “con esperanza, con dignidad y con resistencia y desde el feminismo”.

Porque Antonia Avalos lleva tatuado en su piel como con tinta invisible los versos de Benedetti y defiende la alegría como una trinchera. “La alegría es un acto de resistencia, de creatividad, de libertad”. Y eso, con todas las dificultades, a Antonia y a su coño insumiso no se lo quita nadie

Mundo Nuestro. La revista Sin Permiso publica este texto de Benedetto Vecchi, periodista del diario italiano 'il manifesto'. Es una perspectiva de la trayectoria de Julián Assange, finalmente traicionado por el gobierno ecuatoriano que le había dado refugio por más de siete años. La historia de internet y su papel fundamental para la vida de todos en este mundo nuestro, complejo y en muchos sentidos desquiciaco, pasa por este controvertido personaje. En el largo plazo, su caída lo es también para la libertad de expresión frente al Estado y las corporaciones internacionales. En el plazo corto, es la derrota de un hombre que en su pragmatismo extremo finalmente se quedó solo.

La imagen de la detención de Assange por agentes de Scotland Yard señala el final de una era de activismo en la Red… mediante un acto de traición. Solo, cansado, tras años de actividad, se había convertido en una molestia para sus anfitriones ecuatorianos, una piedra en el zapato en las relaciones de Ecuador con los Estados Unidos.

Washington, y sobre todo el Pentágono, han sido muy diligentes en buscarle la ruina a Assange, después de que WikiLeaks publicara materiales clasificados sobre una operación de guerra sucia a cargo de soldados norteamericanos que se les fue de las manos, matando a varios civiles y periodistas iraquíes. La detención de Assange señala el final de una historia que hundía sus raíces en el activismo de los medios de la Red. Había tejido sin escrúpulos una madeja de alianzas, tanto con medios convencionales de envergadura como con líderes políticos hostiles al libre flujo de información (Vladimir Putin, sobre todo), sacando en ese proceso secretos impronunciables a la luz pública.

Durante muchos años, su organización, WikiLeaks, ha sido sinónimo de una forma de activismo digital que desfila bajo las banderas de la transparencia, elevada por su radical oposición contra el secreto militar e industrial y la manipulación de la realidad por parte de los medios. En sus misiones de guerrilla en territorio enemigo, tanto dentro como fuera del hiperespacio, Assange se alió con muchos extraños compañeros de cama, desde los “hackers” más politizados y radicales (Anonymous) a directores de cine radicales (Ken Loach) y los mejores periodistas de investigación (Glenn Greenwald), hasta reveladores de secretos en el ejército norteamericano (Chelsea Manning), y creó las condiciones para que gente como Edward Snowden tomara la decisión de poner al descubierto las felonías de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) norteamericana.



Su imprudente comportamiento personal, junto a las alegaciones de violación en Suecia, le convirtieron en objeto de críticas, incluso por parte de quienes luchan en el mismo bando. Concentraba en su persona la dirección de WikiLeaks, no dudando en expulsar a quienes cuestionaban sus decisiones y mostrando signos de egocentrismo y desconsideración por las necesidades de su organización. Sus opciones tuvieron como resultado una caída en el apoyo a WikiLeaks, lo que le llevó a tomar otras decisiones con muy poca transparencia, como cuando se avino a trabajar para una televisión rusa financiada por Putin. O, ciertamente, cuando entró en contacto con gente vinculada a Donald Trump durante la campaña de 2016 para las elecciones presidenciales norteamericanas, dando a entender que podía proporcionar correos electrónicos y documentos que dejarían en mal lugar a Hillary Clinton.

A cada paso, Assange ha tratado de justificar sus acciones como una forma de luchar contra la incesante campaña librada contra él por los servicios secretos norteamericanos, una pretensión que se ha vuelto cada vez menos plausible con el tiempo. Al final, se quedó solo y sin aliados. No podemos más que esperar que sea capaz de evitar la extradición a los EE.UU., donde se le acusa de conspiración para socavar la seguridad nacional, acusación que tendrá sin duda como resultado un periodo de cárcel, con una elevada probabilidad de que sus captores le encierren y tiren la llave. Hay que luchar para que no suceda eso, porque la labor de WikiLeaks ha sido valiosa.

A medida que Internet se iba convirtiendo en el medio que es hoy, Assange reconocía su auténtico potencial de contrainformación. Tras diligentes esfuerzos por verificar la información, publicando ingentes recopilaciones de información cuya autenticidad nunca se ha desmentido, sin poner en riesgo la vida de nadie. Así, por ejemplo, entre ellos se contaban documentos y correos electrónicos de empresas petrolíferas en los que se podía leer acerca de la corrupción de políticos africanos (por ejemplo, en Kenia o Nigeria); o documentos en los que gestores británicos de firmas financieras con oficinas en Asia hablaban con franqueza acerca de sus actividades especulativas, que probablemente empobrecían a regiones enteras del planeta para enriquecer al 1 % de la élite global.

Pero la némesis número uno de WikiLeaks ha sido el Pentágono, pues ha publicado un material revelador acerca de las fechorías cometidas durante la guerra de Irak, o la guerra global contra el terrorismo islámico, en el que los militares norteamericanos no se distinguieron precisamente por su respeto por las vida de los civiles. Al mismo tiempo, Assange no dudó en llamar a las puertas de los medios principales, proponiendo colaboraciones con el objetivo de publicar los documentos que la página de WikiLeaks ponía a su disposición en medios de información regulares.

En todo esto, Assange se ha mostrado flexible, pragmático, y poco propenso a un comportamiento partidista. Merece ser justamente elogiado por ello, junto al hecho de que ha elevado la reputación de la profesión de “hacker” de la mera busca del enriquecimiento personal a levantar la noble enseña de la defensa del libre flujo de la información, otorgando así legitimidad a las acciones de Anonymous. No obstante el éxito global de la película V for Vendetta, no se habría adoptado la máscara de Guy Fawkes como símbolo icónico de movimientos sociales si WikiLeaks no hubiera decidido apoyar y promover —sólo fuera por tiempo breve — el lema de Anonymous: “Somos legión”.



Julian Assange ha recorrido desde luego un camino muy largo desde sus raíces como joven activista australiano, bajo la enseña del “cypherpunk”, impulsando la agitación y propaganda en favor del anonimato en la Red y contra el excesivo poder de gobiernos y empresas. En el cambio de milenio, acababa de llegar al foro social de Porto Alegre, donde distribuía materiales sobre su bisoña organización desde detrás de un mostrador. Más tarde, hubo de refugiarse durante siete años en la embajada de Ecuador, un país cuyo presidente afirmó en cierta ocasión que era populista, de izquierdas y antiimperialista, pero se convirtió más tarde en populista neoliberal y amigo de los EE.UU. Assange hubo de pasar muchos años solo, sin poder acceder a fondos de WikiLeaks. Sin embargo, a lo largo de todo este tiempo, lo que más ha cambiado ha sido la Red misma.

Hoy el manto de la transparencia radical lo ha recogido de modo perverso Facebook, Twitter e Instagram, mientras Whatsapp, en nombre de la privacidad, recurre al encriptado para evitar que puedan leerse los mensajes, prometiendo así anonimato. En resumen, las mismas corporaciones gigantescas contra las que siempre se batió Assange son las que ahora llevan la voz cantante. Es una ironía de la historia que su detención se transmitiera en vivo y en directo en “streaming”, en consonancia con el principio de transparencia radical que Internet le garantiza a todo el mundo, ya se trate de activistas radicales, o de vendedores sin escrúpulos de conexión social en forma de espacio para la publicidad.

periodista del diario italiano 'il manifesto', cuyas páginas culturales dirige. Autor, entre otros libros, de 'La rete dall´utopia al mercato' (manifestolibri, 2015) e 'Il capitalismo delle piattaforme' (manifestó libri 2017). Fue impulsor además de un libro de Zygmunt Bauman, 'Identidad: conversaciones con Benedetto Vecchi'. (Losadsa, 2018).

Fuente: il manifesto global, 13 de abril de 2019.Traducción:Lucas Antón



Mundo Nuestro. La revista Sin Permiso publica este breve ensayo de Greg Grandin colaborador de TomDispatch, autor de Fordlandia: The Rise and Fall of Henry Ford´s Lost Jungle City y próximamente de Empire of Necessity: Slavery, Freedom and Deception in the New World. Con una idea de Borges sobre la muralla china y el emperador que no podía pronunciar la palabra muerte, Grandin da una idea de la extensión irracional de los conservadores norteamericanos al pensar su propia extinción.

La Fuente: Jacobin. Traducción en Sin Permiso, Clara Baeder.

En un cuento publicado en 1950, “El Muro y los Libros”, Jorge Luis Borges habla del emperador Shih Huang Ti, quien ordenó la construcción de la Gran Muralla China y la quema de todos los libros de su reino. Es Borges, así que cada razón que da para estos dos deseos aparentemente contradictorios – crear y destruir – va seguida de otra explicación que anula la primera.



Borges finalmente se conforma con la idea de que tanto el edificio como el incendio fueron impulsados por el deseo del emperador de “detener la muerte”. Shih Huang Ti, al menos según Borges, vivía aterrorizado por la mortalidad, prohibiendo que la palabra “muerte” se pronunciara en su presencia y buscando desesperadamente un elixir de juventud.

Tal vez, supuso Borges, Shih Huang Ti ordenó que se construyera el muro para preservar su reino para la eternidad, y ordenó que se quemara el libro para suprimir la idea de que nada dura para la eternidad. Porque si la historia contenida en los libros enseña algo, es que nuestro tiempo en la tierra es efímero. Aparentemente, al menos según Borges, el emperador sentenciaba a cualquiera que intentara salvar un libro a toda una vida de trabajos forzados en su pared.

” Quizás el muro era una metáfora”, escribe Borges, ya que su construcción “condenaba a quienes adoraban el pasado a una tarea tan vasta, tan estúpida e inútil como el propio pasado”.

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El emperador Shih Huang Ti

En cuanto a Estados Unidos, aunque desde principios del siglo XX se habían levantado barreras físicas de uno u otro tipo a lo largo de su frontera con México – en su mayoría alambres de púas y cercas -, la idea de un “muro”, como una llamada chauvinista a las armas no ganó terreno hasta después de que el país perdiera su guerra en Vietnam. En esa guerra, el Secretario de Defensa Robert McNamara, con la esperanza de evitar que las fuerzas de Vietnam del Norte se infiltraran en Vietnam del Sur, gastó millones en doscientos mil carretes de alambre de púas y cinco millones de postes de cercas, con la intención de construir una “barrera” – la “Línea McNamara”, como se la conocía – que corría desde el Mar de China del Sur hasta Laos. Esa línea falló, ya que sus postes y torres de vigilancia se quemaron tan rápido como se pudieron construir.



En esa época, los activistas de derecha empezaron a pedir que se construyera un “muro” a lo largo de la frontera. El biólogo Garrett Hardin, profesor titular de la Universidad de California, Santa Bárbara, fue uno de los primeros en pedir tal barrera. “Podríamos construir un muro, literalmente”, escribió Hardin en un ensayo de 1977 titulado “Población e inmigración: Compasión o Responsabilidad” publicado en El Ecologista. Hardin fue uno de los primeros exponentes de lo que hoy en día se llama “realismo racial”, la idea de que un mundo de recursos limitados y tasas de natalidad de blancos en declive requiere fronteras endurecidas.

El editorial de 1971 de Hardin en Science, titulado “The Survival of Nations and Civilizations” (La supervivencia de las naciones y las civilizaciones), defiende este punto de vista:

¿Puede un gobierno de hombres persuadir a las mujeres de que es su deber patriótico emular a los conejos? ¿O forzarlas? Si renunciamos a la conquista y al sobrecrecimiento, nuestra supervivencia en un mundo competitivo depende de qué tipo de mundo sea: Un Mundo, o un mundo de territorios nacionales. Si el mundo es un gran bien común, en el que todos los alimentos se comparten por igual, entonces estamos perdidos. Aquellos que se reproducen más rápido reemplazarán al resto. […] En un mundo que no es perfecto, la asignación de derechos basada en el territorio debe ser defendida si se quiere evitar una raza reproductora en ruinas. Es poco probable que la civilización y la dignidad puedan sobrevivir en todas partes; pero mejor en unos pocos lugares que en ninguno.

Hardin describiría su posición como “ética de los botes salvavidas”, la idea de que los remos deben ser usados no solo como remos sino también como armas, para ahuyentar a otros que intentan subir al bote. Más tarde abogaría por la “ciencia de la raza” de The Bell Curve.

En las décadas siguientes, el chauvinismo anti inmigrante se apoderó del movimiento conservador y del Partido Republicano, y los intelectuales de derecha construyeron una biblioteca de manifiestos de continuación de la sombría visión del mundo de Hardin – desde La bomba de Tiempo de la Inmigración de Palmer Stacy y Wayne Lutton, publicada en 1985, hasta, cinco años más tarde, El Camino al Suicidio Nacional de Lawrence Auster – que se construyeron con base en los argumentos de Hardin.

Algunas de las primeras publicaciones surgieron de la literatura posterior a Vietnam sobre los “límites del crecimiento” – la idea de que la sociedad de consumo masivo se estaba agotando – y revelan una superposición entre las preocupaciones de los ambientalistas, los controladores de la población (con una obsesión especial por las altas tasas de fecundidad mexicanas), los defensores del idioma inglés y los chauvinistas anti inmigrantes. Hardin es un ejemplo de esta superposición, al igual que John Tanton, quien en la década de 1970 escribió un ensayo argumentando a favor de la eugenesia y ayudó a fundar la chauvinista Federación para la Reforma Migratoria Americana.

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Como lo es el novelista y ecologista Edward Abbey, autor de The Monkey Wrench Gang (La banda de la tenaza), quien ya expresó su preocupación por el crecimiento de la población, las crecientes tasas de natalidad de las personas de color y la “latinización” de los Estados Unidos cuando en 1981 pidió la creación de una “barrera física” y la expansión de la patrulla fronteriza para incluir hasta veinte mil agentes (un número que se consideraba una propuesta radical en ese momento, pero que hoy en día es solo cerca de la mitad de los agentes que trabajan para la Patrulla Fronteriza y el Servicio de Inmigración y Aduanas combinados).

“Estas son proposiciones duras, incluso crueles”, dijo Abbey, en una carta a la New York Review of Books. Pero, haciéndose eco de la ética de los botes salvavidas de Hardin, escribió que “el barco americano está lleno, si no sobrecargado; no podemos permitirnos más inmigración masiva. El público estadounidense es consciente de esta verdad aunque nuestros “líderes” prefieran intentar ignorarla. Sabemos lo que no reconocerán”.

Los ambientalistas, tanto convencionales como radicales, se alejaron de vincular su crítica social a los problemas de inmigración. Sin embargo, mientras lo hacían, el chauvinismo se convirtió en un asunto bipartidista.

Por un lado, comenzó a penetrar profundamente en el Partido Republicano. Patrick Buchanan fue el que más popularizó la idea de una barrera en la frontera sur en su oposición a la nominación de George H. W. Bush en 1992. Buchanan llevó a cabo una campaña inesperadamente fuerte, pidiendo que se construyera un muro o una zanja – una “trinchera de Buchanan”, como él dijo – a lo largo de la frontera México-Estados Unidos y que se enmendara la Constitución para que los hijos de los inmigrantes nacidos en el país no pudieran reivindicar la ciudadanía.

Bush ganó la nominación, pero Buchanan logró insertar en la plataforma republicana un compromiso para construir una “estructura” en la frontera. Dos años después, los republicanos de California defendieron la exitosa Proposición 187, que negaba servicios sociales a los residentes indocumentados.

Pero, por otro lado, los años 90 fueron los años del alto Clintonismo. Así que mientras los republicanos discutían formas de quitarles la ciudadanía a los “bebés ancla”, aprobar leyes de uso exclusivo del inglés en operaciones oficiales del gobierno, sacar a los niños indocumentados de las escuelas públicas y negarles el acceso a los hospitales públicos, Bill Clinton usó este extremismo para sonar moderado al mismo tiempo que presionaba su propia línea dura. “Todos los estadounidenses”, dijo en su discurso sobre el Estado de la Unión de 1995, deberían estar “justamente perturbados por el gran número de extranjeros ilegales que entran en nuestro país”.

Prometiendo “acelerar la deportación de los extranjeros ilegales que son arrestados por delitos”, Clinton firmó una serie de proyectos de ley sobre delitos, terrorismo e inmigración extremadamente punitivos, que crearon el régimen de deportación que existe hoy en día. Estas leyes cerraron varias vías para que los migrantes obtuvieran estatus legal, eliminaron la revisión judicial y requirieron detención sin fianza. Esencialmente, toda la burocracia de inmigración – sus agentes, tribunales y centros de detención – estaba ahora orientada a acelerar las deportaciones, cuyo número se disparó tremendamente. Los migrantes, incluidos los que tienen residencia legal, pueden ser deportados por cualquier infracción, incluidos los delitos menores, incluso si la transgresión se cometió décadas antes o si el asunto ya se ha resuelto en los tribunales.

La Casa Blanca consideró que esta campaña contra los inmigrantes se basaba en los diversos proyectos de ley de Clinton sobre la delincuencia, que habían recortado la ventaja republicana en cuestiones de “orden público”. Su asesor Rahm Emanuel, en un memorándum de política de 1996, le instó a centrarse en los migrantes en el “lugar de trabajo”, con el fin de establecer el objetivo de que ciertas industrias “estén libres de inmigrantes ilegales” y lograr “deportaciones récord de extranjeros criminales”. “Esto es genial”, escribió Clinton en el margen del memorándum.

Incluso la legislación que Clinton firmó puso fin a la asistencia social dirigida a los inmigrantes indocumentados, prohibiéndoles recibir muchos servicios sociales y prohibiendo que las jurisdicciones locales ofrezcan “santuario” a los residentes indocumentados.

Pero la jugada de Clinton para el voto chauvinista solo podía llegar hasta cierto punto. No solo los ambientalistas, sino también el movimiento laboral se estaba alejando de un enfoque anterior sobre la migración, mientras que los votantes latinos crecían en importancia.

Los republicanos, por otro lado, se comprometieron con una estrategia de supresión de votantes. Para ello se basó en un cálculo mundano: California, cuna de los conservadores modernos, no había votado por un presidente republicano desde que lo hizo por George H. W. Bush en 1988. Si el registro, la participación y las tendencias de preferencia de votantes continuaran como hasta entonces, los republicanos, temían algunos, empezarían a perder Texas, Arizona y Florida, junto con su condición de organización política a nivel nacional.

Del mismo modo, después de la reelección de Barack Obama en 2012, muchos conservadores llegaron a la conclusión de que ni los temas de la cuña cultural ni el seguir con algún tipo de reforma migratoria (basada en la Ley de Inmigración y Control de Ronald Reagan de 1986, que proporcionó un camino hacia la ciudadanía para unos tres millones de residentes indocumentados) necesariamente ayudarían al Partido Republicano en lo que se refiere a los votantes latinos.

Los votantes latinos no son leales a los demócratas por la promesa de una reforma migratoria, escribió Heather MacDonald, de la revista National Review, sino porque valoran “una red de seguridad más generosa, una fuerte intervención del gobierno en la economía y una tributación progresiva”.

En el American Enterprise Institute, Charles Murray estuvo de acuerdo en que los latinos no eran intrínsecamente conservadores. No son más religiosos que otros grupos, señaló Murray, ni más homofóbicos, y se oponen al aborto solo marginalmente más que la población en general (aunque Murray sí dijo que los trabajadores latinos que tienden a su lado parecen ser “trabajadores duros y competentes”, lo que él consideraba como sinónimo de conservador).

Sólo el hecho de que muchos walmarts latinoamericanos estén sindicalizados debería poner fin a uno de los clichés favoritos de Ronald Reagan, que los estrategas republicanos, hasta hace poco, gustaban repetir como un mantra reconfortante: que los latinos eran republicanos que aún no lo sabían. Una creciente comprensión de que muchos inmigrantes latinos eran de hecho socialdemócratas ayudó a inclinar la balanza del poder dentro del Partido Republicano hacia las fuerzas de lo que ahora se llama Trumpismo.

Tras la catastrófica presidencia de George W. Bush, los conservadores del movimiento, atados por su propio exceso ideológico y sintiendo que estaban perdiendo una guerra cultural más amplia, se aferraron a la demonización de los migrantes como una forma de explicar los reveses sin tener que recurrir a la moderación. Activistas, pensadores y políticos de derecha responsabilizaron a la Ley de Inmigración y Control de Reagan no solo por la toma demócrata de California, sino también por la elección de Barack Obama en 2008 y la reelección en 2012.

De acuerdo con esta línea de pensamiento, la amnistía de Reagan agregó (como resultado que los ciudadanos naturalizados pueden patrocinar a otros miembros de la familia para obtener la ciudadanía) quince millones de nuevos ciudadanos a las listas de votantes. Steve King, el principal ideólogo chauvinista de los republicanos en la Cámara, dijo que este supuesto aumento “provocó la elección de Barack Obama”.

Antes de las elecciones de 2016, la mayoría de los republicanos creían que millones de “inmigrantes ilegales” habían votado en 2008 y 2012 y planeaban hacerlo de nuevo en 2016. No hay evidencia que apoye ninguna de estas afirmaciones, sin embargo, tales argumentos justifican los esfuerzos continuos para suprimir el voto de inmigrantes, refugiados y sus descendientes. Más recientemente, Tucker Carlson, de Fox, utilizó ese argumento para minimizar la importancia de la interferencia rusa en la política interna de Estados Unidos, acusando a México de “interferir rutinariamente en nuestras elecciones al empacar a nuestro electorado”.

El muro en la frontera de San Diego con Tijuana. Flickr

A un paso de enfrentarse a una Cámara liderada por el Partido Demócrata, asediado por la multiplicación de las investigaciones criminales a nivel federal y estatal, y derribado por el descenso de los números de las encuestas, Donald Trump ahora está apostando su presidencia en el muro, cerrando el gobierno hasta que consiga algo que él puede llamar a un triunfo. Esto, también, parece un cálculo mundano, que mientras sus oponentes permanezcan divididos, él puede permanecer a flote movilizando al alrededor del 30 por ciento del país que piensa que tenemos que tapiar la frontera sur.

“Su presidencia ha terminado si no construye el muro”, dijo recientemente, al periodista de Nueva York Mattathias Schwartz, Steve Bannon, ex asesor de Trump y quizás el realista de la raza más famoso del país. “Él lo sabe.”

Bannon continuó diciendo que Trump necesita crear hechos sobre el terreno:

O tienes una crisis o no la tienes… Si es una crisis, actúa como tal. Que se declare una emergencia de seguridad nacional en la frontera sur. Despliega tropas no para ayudar a la Patrulla Fronteriza sino para reemplazarlas, entonces traes al Cuerpo de Ingenieros del Ejército para construir la muralla. Saca las retroexcavadoras y empieza a cavar. Los demócratas, los republicanos del establishment, los medios de comunicación, tal vez los tribunales, todos se vuelven locos. Todo el mundo lo combate. Pero tú eres Trump, y finalmente estás construyendo un maldito muro.

Aun así, hay un exceso en el odio que Trump aprovecha y que no puede ser explicado por la machtpolitik de su estilo, ni por los recientes informes que dicen que la “pared” era simplemente un dispositivo mnemónico para mantener la corta atención de Trump centrada en un tema de conversación. Las promesas de construir el muro canalizan corrientes psíquicas que se encuentran en lo más profundo de la cultura estadounidense, y ahora parecen ser lo único que unifica a los partidarios de Trump, y dirige su odio hacia un pueblo que representa en gran medida los ideales que ellos afirman valorar.

En todo Estados Unidos, los latinos han revitalizado los barrios y poblado los centros urbanos, han abierto tiendas y han inyectado dinero en pequeñas empresas establecidas. La América de los centros comerciales sería aún más árida si no fuera por los mexicanos y centroamericanos que han convertido tiendas vacías en taquerías, carnicerías, pupuserías y otras empresas. Incluso Charles Murray dice que tienen una buena ética de trabajo. Es como si, al forzar a los latinos a la sombra, la derecha quisiera acelerar el camino hacia la muerte, y terminar el vaciamiento iniciado hace años con el ascenso de la globalización corporativa.

Al mismo tiempo, sin embargo, y volviendo a Borges, el odio parece sintomático del terror a la mortalidad, del tipo que el escritor argentino atribuyó a Shih Huang Ti. En pocas palabras, la dependencia de Estados Unidos del trabajo de los inmigrantes confirma la base social de la existencia y, por lo tanto, la legitimidad de los derechos sociales y la socialdemocracia. Y en una cultura política que considera sacrosantos los derechos individuales, los derechos sociales son algo más vil que la herejía. Implican límites, y los límites significan la muerte, la extinción de la única premisa americana de que todo – que se trata del actual arreglo racialmente segregado de distribución de la riqueza, extraído y producido en un mundo que está al borde del colapso – va a continuar para siempre.

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Revista Sin permiso. José Natanson Periodista y politólogo. Es director de Le Monde diplomatique edición Cono Sur, de Review. Revista de Libros y de la editorial Capital Intelectual. Su último libro es ¿Por qué? La rápida agonía de la Argentina kirchnerista y la brutal eficacia de una nueva derecha (Siglo Veintiuno, Buenos Aires, 2018).

¿Qué es Venezuela? ¿Una democracia? ¿Una dictadura?

Hasta diciembre de 2017 Venezuela arrastraba una serie de déficits institucionales y republicanos gigantescos. Sin embargo, seguía celebrando elecciones razonablemente libres y competitivas, en las que el gobierno no se privaba de inclinar la cancha mediante la descarada utilización de todos los recursos estatales a su alcance pero en las que existía presencia real de la oposición y cuyos resultados eran verificados por instituciones como el Centro Carter y las Naciones Unidas. Si la democracia puede definirse como un tipo de régimen en el que no sólo hay elecciones sino que además no se sabe de antemano quién las va a ganar, si la democracia comporta en definitiva un cierto grado de incertidumbre, Venezuela era todavía una democracia; en el límite, pero democracia al fin (de hecho, al chavismo se lo podía acusar de muchas cosas salvo de no realizar elecciones y de no reconocer sus derrotas en los pocos casos en los que ocurrían, cosa que por otra parte no hacía la oposición, acostumbrada a denunciar fraude cuando pierde pero no cuando gana, y siempre con el mismo Consejo Nacional Electoral, las mismas urnas electrónicas y el mismo tribunal).



Pero en los últimos años esto cambió. En diciembre de 2015 la oposición triunfó inesperadamente en las elecciones para la Asamblea Nacional. Consiguió una mayoría de dos tercios, suficiente para reformar la Constitución y bloquear al gobierno, y anunció que su plan consistía en forzar una salida anticipada de Nicolás Maduro. El chavismo, que había denunciado irregularidades en la elección a pesar de que controló todo el proceso, presentó una serie de impugnaciones. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que le responde, aceptó una, y ordenó, con argumentos dudosos, repetir la elección en el estado de Amazonas y no juramentar a sus tres diputados. La oposición, que de este modo perdía los dos tercios, se negó a acatar la sentencia. El TSJ, ante un pedido del Ejecutivo, declaró a la Asamblea en desacato, y al poco tiempo anunció que absorbía sus funciones, un autogolpe tan ostensible –y aparentemente implementado sin el aval de Maduro- que al final tuvo que retroceder.

Al impasse institucional provocado por el conflicto de poderes se sumaron una serie de marchas y movilizaciones que entre abril y julio de 2016 causaron más de 100 muertos. La represión del gobierno, según cualquier parámetro que se utilice, fue feroz, tanto la oficial como la paraoficial de los “colectivos” armados, pero también se registraron muertos chavistas en manos de multitudes embravecidas que llegaron a quemar viva a una persona.

La salida que encontró Maduro, más política que democrática, fueron las elecciones para la Asamblea Constituyente anunciadas el 1 de mayo de 2017. Se realizaron bajo un curioso sistema sectorial-representativo, no contemplado en la Constitución vigente, según el cual una parte de los 564 constituyentes fueron elegidos por sector (campesinos, obreros, discapacitados, empresarios, etc) y otra por municipios, en un diseño tal que otorgaba al chavismo una ventaja indescontable: ganaba aún perdiendo. La oposición no se presentó y las elecciones se concretaron, por primera vez, sin veedores independientes. Según el Consejo Nacional Electoral, la participación fue del 40 por ciento, aunque la empresa responsable de las máquinas de votación objetó este dato. Pero lo central es que Maduro se negó a convalidar los resultados en un plebiscito en el que la población se expidiera por el Sí o por el No a la nueva Constitución, como había hecho Chávez en 1999. Después, la Constituyente sencillamente se declaró “originaria” y, en lugar de dedicarse a escribir una nueva Constitución, se instaló como una especie de órgano suprapoder que absorbió las funciones de la Asamblea Legislativa.

Sintiéndose fortalecido, Maduro convocó para el 15 de octubre de 2017 a elecciones regionales (gobernadores), que venía posponiendo desde hacía un año sin más argumentos institucionales que la posibilidad de una derrota. La oposición presentó candidatos, los comicios se realizaron normalmente y el chavismo… arrasó (contra todo pronóstico, se impuso en 18 de los 23 estados e incluso derrotó a figuras opositoras como Henri Falcón en Lara y al sucesor de Henrique Capriles en Miranda). La oposición denunció fraude, aunque nunca pudo exhibir las famosas papeletas que lo demostraban.

La correlación de fuerzas había cambiado. El gobierno, que antes había postergado las elecciones regionales, esta vez decidió adelantar las presidenciales. Aduciendo que el Consejo Nacional Electoral había impuesto una serie de restricciones infranqueables, como la necesidad de revalidar nuevamente las boletas de todos los partidos y la prohibición a la Mesa de Unidad Democrática, histórica denominación del anti-chavismo, a utilizar ese nombre, una parte de la oposición decidió no presentarse. Pero un sector, liderado por Falcón, sí se presentó, y fue ampliamente derrotado. La participación fue baja. El 10 de enero, Maduro juró nuevamente como presidente.



Así, con una Asamblea Legislativa legalmente constituida pero desprovista de funciones reales, una Asamblea Constituyente manifiestamente ilegal y un presidente dañado en su legitimidad de origen, llegamos a la situación actual. La insólita decisión de Juan Guaidó de declararse “presidente encargado” y la aún más insólita decisión de Estados Unidos y buena parte de los países latinoamericanos de “reconocerlo” agudizan la tensión y profundizan la polarización. Pero, ¿hasta dónde llega realmente la mano siniestra del imperio? En realidad, salvo que decida una invasión armada desde el Caribe o desde Colombia, lo que crearía un Vietnam a la enésima difícil de imaginar bajo una administración Trump que se acaba de retirar de Siria, la capacidad de injerencia de Washington se limita a las sanciones financieras y el apoyo a la oposición. Por eso, más allá de las intenciones, el efecto es limitado: Venezuela no es una isla, no se la puede bloquear como a Cuba, y sobrevive básicamente de sus menguadas exportaciones de petróleo, un bien que siempre encuentra quien lo compre (incluyendo sobre todo a Estados Unidos, el principal comprador de crudo venezolano). La injerencia existe, pero resulta insuficiente para derrocar al chavismo.

La explicación del drama venezolano es fundamentalmente local: una economía dislocada (un millón por ciento de inflación el año pasado), un deterioro social dramático (62 por ciento de pobreza según el índice que elaboran las universidades), la tasa de homicidios más alta de América Latina (89 cada cien mil habitantes) y una sociedad en descomposición (unos dos millones de emigrantes en dos años, incluyendo a prácticamente toda la clase media). Pese a ello, Maduro ha logrado sostenerse en el poder, básicamente por tres motivos. El primero es el control vertical de la Fuerza Armada Bolivariana, que no es un “aliado” del gobierno sino parte esencial del dispositivo de poder. El segundo son los restos de legitimidad que aún conserva como resultado de los formidables avances sociales conseguidos durante los gobiernos de Chávez y el rechazo que genera la oposición política en los sectores populares, lo que explica que “los pobres no bajen de los cerros”. Este apoyo social relativo se completa con la desordenada e ineficiente pero enorme red de provisión de alimentos básicos instrumentada a través del Carnet de la Patria y el hecho de que, como resultado de la hiperinflación más que por una decisión deliberada de política económica, buena parte de los servicios públicos –luz, metro, internet- son prácticamente gratuitos. El tercer aspecto que explica la sobrevida es el respaldo geopolítico de grandes potencias como Rusia y China y de poderes emergentes como Irán y Turquía, que ofrecieron asistencia financiera, energética y militar en los momentos más críticos y demostraron que el gobierno no está totalmente aislado, aunque al costo de una deuda monstruosa y la hipoteca de buena parte de la riqueza minera e hidrocarburífera del país.

En este marco, la única salida posible es una negociación entre ambos bandos, algo que en algún momento parecía posible y hoy está descartada. En un contexto de polarización tal que el ganador se lleva todo, una de las mayores dificultades es la cuestión de inmunidad de los funcionarios chavistas en caso de su salida del gobierno. Como la oposición tiene un ánimo mortal de revancha, el chavismo sospecha con razón que dejar el gobierno no implicaría un paso pacífico a la oposición parlamentaria sino la cadena perpetua o el exilio; sienten, en suma, que no se juega el poder sino la vida.



Volvamos a la pregunta del comienzo. Venezuela no es una dictadura en sentido estricto. No es un régimen estalinista ni un sistema de partido único: no hay violaciones masivas a los derechos humanos (aunque sí focalizadas y una política de “zona liberada” para el accionar de los grupos paraestatales en los barrios). La libertad de expresión persistente, aunque limitada sobre todo en los medios digitales, a los que no llega el brazo del gobierno. Maduro no es un autócrata y la sociedad puede expresarse electoralmente, con los problemas que señalamos. Al mismo tiempo, en Venezuela hay una evidente proscripción de opositores y una creciente cantidad de presos polítcos: si en Brasil Lula no pudo presentarse a las últimas elecciones, en Venezuela las principales figuras opositoras se encuentran exiliadas (Manuel Rosales), inhabilitadas (Henrique Capriles, Corina Machado) o presas (Leopoldo López). Si en Argentina Milagro Sala es una presa política se la mire por donde se la mire, en Venezuela hay decenas de presos políticos, algunos de ellos encarcelados simplemente por organizar movilizaciones pacíficas y la mayoría detenidos en condiciones inhumanas en la prisión que regentean los servicios de inteligencia. El militarismo es, ya desde tiempos de Chávez, uno de los rasgos del régimen. Y finalmente, como se vio en estos días, la represión en las calles alcanza una ferocidad que no se ve en ningún otro país de América Latina salvo en Nicaragua (no deja de resultar llamativo el silencio de la izquierda latinoamericana al respecto).

Como ningún otro país de la región, Venezuela es una democradura, una especie de autoritarismo-caótico y ultracorrupto, un régimen híbrido que combina elementos democráticos y autoritarios y que va mutando de acuerdo al contexto internacional, los precios del petróleo, el ánimo del gobierno y la correlación de fuerzas con la oposición.

Periodista y politólogo. Es director de Le Monde diplomatique edición Cono Sur, de Review. Revista de Libros y de la editorial Capital Intelectual. Su último libro es ¿Por qué? La rápida agonía de la Argentina kirchnerista y la brutal eficacia de una nueva derecha (Siglo Veintiuno, Buenos Aires, 2018).

Fuente:

http://revistaanfibia.com/ensayo/venezuela-esa-herida-absurda/

Mundo Nuestro. Daniel Ortega dio un paso más en la instauración de una dictadura en el mejor estilo somocista en Nicaragua. Ahora se ha ido contra las organizaciones civiles y de prensa libre que lo cuestionan. En una jornada que cerró con el ataque a las oficinas del diario El Confidencial, del periodista Carlos Fernando Chamorro, el régimen clausuró al menos ocho oficinas de organizaciones no gubernamentales. Este es el comunicado de la organización internacional Human Rights Watch plublicado el sábado 15 de diciembre.

VIDEO: Carlos Fernando Chamorro y el ataque a El Confidencial



Nicaragua: Represión gubernamental de medios de comunicación y activistas
Cierre de organizaciones y sitios de noticias, allanamientos de oficinas y ataques a periodistas

(Nueva York, 14 de diciembre de 2018) - El gobierno del Presidente Daniel Ortega ha iniciado una represión desenfrenada de la prensa libre y de activistas en Nicaragua, señaló hoy Human Rights Watch. El gobierno ha clausurado nueve respetadas organizaciones no gubernamentales y allanado varias de sus oficinas.

Entre el 29 de noviembre y el 13 de diciembre de 2018, la Asamblea Nacional quitó la personería jurídica a nueve organizaciones. El diputado Filiberto Rodríguez del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) solicitó su clausura, a instancias del Ministerio de Gobernación. En la noche del 13 de diciembre, la Policía Nacional allanó cinco de estas organizaciones y la sede de un medio independiente, y confiscó numerosos documentos y computadoras.



“El gobierno de Ortega y Murillo ha lanzado una ofensiva para silenciar a quienes todavía se atreven a exponer sus abusos y exigir que rindan cuentas”, manifestó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Otros países deberían condenar de manera inequívoca estos ataques a la libertad de expresión y de reunión, y solidarizarse con periodistas y defensores de derechos humanos enviando a sus embajadores a hacerse presentes en las oficinas que han sido allanadas”.

Desde abril, policías y grupos armados partidarios del gobierno han acosado, intimidado, agredido brutalmente y detenido de manera arbitraria a varios periodistas. Dos periodistas extranjeros fueron deportados en forma sumaria. El ente regulador ha cerrado durante días canales de noticias críticos del gobierno. Varios medios de noticias independientes, entre ellos Confidencial, han sufrido reiteradamente ciberataques.

El 29 de noviembre, la Asamblea Nacional canceló la personería jurídica del Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (CISAS), una organización con 35 años de trayectoria dedicada a la educación en salud y la prevención del VIH/Sida. El diputado Rodríguez indicó a los medios de comunicación que la organización estaba “participando en acciones desestabilizadoras contra el gobierno y la sociedad nicaragüense” y que no debería haber “participa[do] en asonadas”.



Tres días antes, las autoridades de migración deportaron sumariamente a la fundadora y directora de la organización, Ana Quirós, una prominente activista feminista y crítica del gobierno de Ortega que adoptó la ciudadanía nicaragüense tras emigrar de Costa Rica. También despojaron a Quirós de su ciudadanía nicaragüense. Actualmente, se encuentra en Costa Rica.

El 11 de diciembre, la Asamblea Nacional canceló la personería jurídica del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP), un centro de investigación cuyo trabajo ha sido premiado. Algunas semanas antes, la policía había allanado las oficinas de la organización y confiscado numerosos documentos, y las autoridades habían congelado sus cuentas bancarias.

El 24 de septiembre, la Fiscalía General de la República, aplicando una ley aprobada por la Asamblea en julio, acusó a Félix Maradiaga —un opositor influyente y director del IEEPP— de “financiamiento del terrorismo”. El 5 de septiembre, Maradiaga había comparecido públicamente ante el Consejo de Seguridad de la ONU para exponer sobre la represión de opositores por el gobierno de Nicaragua.

El 12 de diciembre, la Asamblea Nacional canceló la personería de otras dos organizaciones que señaló como implicadas en un “intento de golpe de estado”, indicó un comunicado oficial. Una era el Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos (CENIDH), una prestigiosa organización de derechos humanos con 28 años de trayectoria y reconocimiento internacional, cuyos abogados e investigadores han realizado una labor esencial en apoyo a las víctimas de la represión. Su directora organización ha denunciado abusos gubernamentales en varios foros internacionales.

La otra organización clausurada fue la Asociación Hagamos Democracia (HADEMOS), que tiene como misión expresa “fortalecer el proceso de democratización de Nicaragua y promocionar el sentido de responsabilidad ciudadano en la toma de decisiones políticas”. Según un comunicado de la Asamblea Nacional, la organización se habría usado para “canalizar y facilitar fondos para la comisión de actos terroristas, para el adiestramiento de grupos de personas que posteriormente participaron en las acciones desestabilizadoras del país”.

El 13 de diciembre, la Asamblea Nacional canceló la personería jurídica de otras cinco organizaciones que habían sido críticas del gobierno de Ortega. La Asamblea Nacional manifestó en un comunicado que había clausurado a las organizaciones debido a que habían realizado “actividades para desestabilizar el país” y por demoras en la presentación de sus informes financieros.

En cada uno de los casos, el Ministerio de Gobernación pidió a la Asamblea Nacional que cerrara las organizaciones porque “desnaturalizaron sus objetivos por los cuales fueron cread[as]”, conforme consta en tres comunicados emitidos por la Asamblea. Conforme al artículo 24 de la Ley 147, la Asamblea Nacional puede revocar la personería jurídica de una organización si esta “realiz[a] actividades que no correspondan a los fines para que fueron constituidas”. Esta norma excesivamente amplia posibilita que el gobierno disuelva de manera arbitraria a organizaciones que expresan críticas, explicó Human Rights Watch.

En la noche de 13 y el 14 de diciembre, la Policía Nacional allanó las oficinas de CENIDH, el Centro de Investigación de la Comunicación (CINCO) y otras tres organizaciones que había clausurado, así como las de Confidencial.

Tanto CINCO como Confidencial tienen como director al reconocido periodista internacional Carlos Chamorro, que ha sido un acérrimo crítico de los intentos de Ortega por concentrar el poder durante sus tres mandatos presidenciales y de la brutal arremetida contra opositores que ha llevado a cabo su gobierno. En el estudio de Confidencial, donde Chamorro graba dos programas de noticias para televisión, la policía se llevó computadoras, discos rígidos y otros equipos periodísticos, así como documentación legales y contables, contó un periodista de Confidencial a Human Rights Watch.

Tomado de https://www.hrw.org/es/news/2018/12/14/nicaragua-represion-gubernamental-de-medios-de-comun

Para obtener más información acerca del trabajo de Human Rights Watch sobre Nicaragua, visite:
https://www.hrw.org/es/americas/nicaragua

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En Bogotá, José Miguel Vivanco (Inglés, Español): +1-917-379-1180 (celular); o +1-202-612-4335 (oficina