Mundo

Mundo

Mundo Nuestro tiene un objetivo prioritario: realizar un periodismo de investigación que contribuya en la construcción de una estrategia nacional de conservación, desarrollo y custodia de la biodiversidad y la agrobiodiversidad, lo que se llama el patrimonio biocultural de México.

Sin permiso. John Nichols es corresponsal politico de The Nation y su radio Next Left. Autor de Horsemen of the Trumpocalypse: A Field Guide to the Most Dangerous People in America, y co-autor, con Robert W. McChesney, de People Get Ready: The Fight Against a Jobless Economy and a Citizenless Democracy. (Fuente: https://www.thenation.com/article/trump-impeachment-pelosi/ Traducción:G. Buster

El “impeachment” (proceso político al presidente por el legislativo) no es difícil.

Lo único que complica el proceso es la inclinación de los políticos —algunos bien intencionados pero cautelosos, otros cínicos e intrigantes— a sopesar las cosas con demasiadas estrategias, evasiones, retrasos y compromisos.



Tengamos esto en cuenta, ahora que la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y los líderes del Grupo Demócrata de la Cámara de Representantes han anunciado una investigación formal sobre las acusaciones de que el presidente Donald Trump presionó al presidente de Ucrania para que investigase a la familia del ex vicepresidente Joe Biden. Pelosi dijo: "Las acciones tomadas hasta la fecha por el presidente Trump han violado gravemente la Constitución". También afirmó que "el presidente debe rendir cuentas". Nadie está por encima de la ley."

Suponiendo que Pelosi este en lo cierto, y suponiendo que permita que el Comité Judicial de la Cámara haga su trabajo en los días y semanas venideros, revisemos los pasos que se requieren para que el “impeachment” prospere.

Centrarse

Hay que identificar abusos claros de poder que pueden entenderse en términos generales como ofensas al juramento del cargo del presidente, que requiere que "preserve, proteja y defienda la Constitución de los Estados Unidos". Si el presidente usa su cargo para conseguir que un gobierno extranjero investigue a un rival político, con miras a socavar a ese rival, es un claro abuso de poder que ataca las premisas básicas de la democracia estadounidense. Como Ron Fein, el director jurídico del grupo pro-derecho constitucional Free Speech for People, dice: "El escándalo de Trump en Ucrania es un delito de impeachment", y explica que la investigación de la Cámara debe examinar hasta qué punto el presidente ha estado "dirigiendo o intentando indebidamente dirigir a una potencia extranjera para que investigue a sus propios adversarios políticos ”. Del mismo modo, si el presidente usa su posición para enriquecerse a sí mismo o a su familia, es un abuso de poder igualmente claro que viola las cláusulas sobre emolumentos de la Constitución. Las investigaciones históricas de destitución han sido más efectivas cuando han evitado examinar las listas de delitos merecedores de impeachment y se han centrado en las quejas más serias y comprobables. El ex presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, Peter Rodino, y el equipo que persiguió al presidente Richard Nixon en 1974 tenían muchas opciones; optaron por tres y escribieron sus argumentos para un juicio político en aproximadamente tres páginas.

Ser rápidos



Hay que establecer una hoja de ruta y seguirla. Arrastrar la investigación de la Cámara durante meses no es sabio ni necesario. Varios grupos de interés público que han estado abogando por la destitución, incluyendo Democracia para América, Acción CREDO, Libertad de expresión para el Pueblo, por el pueblo y la Campaña de coraje propusieron recientemente la siguiente hoja de ruta: “1. El Comité Judicial de la Cámara vota las razones del juicio político contra el presidente Trump antes del 1 de noviembre de 2019; 2. La Cámara de Representantes de EE. UU. vota las razones del juicio político contra el presidente Trump antes del 15 de noviembre de 2019. "Eso es razonable. También protege del error de dejar que el proceso se atasque o se demore por estrategias legales complejas o peleas por información que la Casa Blanca se niega a divulgar.

Hay que ir a los tribunales cuando sea necesario, pero hay que asegurarse que sea necesario. Y asegurarse que cualquier solicitud esté enmarcada en términos claros e inmediatos. En cada paso, hay que mantener el sentido de urgencia expresado por el Representante John Lewis cuando dijo el martes: “No podemos retrasarnos. No debemos esperar. Ahora es el momento de actuar. He sido paciente mientras probábamos otros caminos y utilizábamos otras herramientas. Nunca encontraremos la verdad a menos que usemos el poder otorgado a la Cámara de Representantes y solo a la Cámara para comenzar una investigación oficial según establece la Constitución. El futuro de nuestra democracia está en juego”.

No dejarse distraer por Trump



Mientras Pelosi se preparaba para hacer su anuncio, el presidente estaba tratando de condicionar el proceso al proponer la publicación de la transcripción no editada de su conversación de julio con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Ese fue un intento obvio de hacer que Pelosi dudara. Pero no lo hizo esta vez. Pero habrá más intentos. Y habrá exigencias insistentes de investigar a Biden. Que así sea. El trabajo del Congreso es verificar y contrarestar las malas acciones del presidente, no atarlo politicamente. El presidente empleará todos los trucos para protegerse. Hay que responder a su habilidad política como el erudito constitucional Laurence Tribe cuando dice: "La historia siempre cambiante de Trump es un ejemplo de autoinmolación a cámara lenta. Triste de ver. Aunque debo admitir un poco de vieja “schadenfreude” (alegrarse del mal ajeno).

Educar, educar, educar

Hay una inmensa confusión con respecto al impeachment. Demasiados estadounidenses piensan que es un proceso legal, más que un proceso político. Demasiados estadounidenses confunden el voto de la Cámara para aprobar las razones del juicio político con el voto del Senado sobre si se debe cesar al presidente de su cargo. Trump y sus seguidores buscarán explotar esta confusión. La mejor manera de contrarrestarlos es mediante audiencias y debates, apariciones en los medios y eventos públicos para explicar el proceso a cada paso y presentar los cargos contra Trump en su contexto.

Hablemos de sentido del deber y de responsabilidad, al igual que la Representante de Michigan, Elissa Slotkin, ex oficial de inteligencia y funcionario del Departamento de Defensa que el año pasado ganó un escaño tradicionalmente republicano para los demócratas; Slotkin dijo el lunes, “hice un juramento para proteger y defender la Constitución. De ser ciertas, estas nuevas acusaciones contra el Presidente son una amenaza para nuestra seguridad nacional y constituyen un delito de impeachment”.

No se preocupe por las encuestas al comienzo del proceso. Hay que preocuparse por proporcionar la información necesaria para que, cuando se escriban artículos formales sobre el juicio político, los encuestados comprendan por qué el presidente debe rendir cuentas y por qué es apropiado que la Cámara actúe.

No preocuparse por el Senado

La función de la Cámara es remitir las razones del juicio político al Senado. La tarea del Senado es determinar si el presidente debe rendir cuentas. El líder mayoritario del Senado, Mitch McConnell, y el Grupo Republicano del Senado pueden rechazar dar cuentas. Depende de ellos. La representante Alexandria Ocasio-Cortez lo explicó acertadamente a principios de este mes:

“Tenemos que hacer nuestro trabajo. Una vez que la Cámara comienza el impeachment, la Cámara juzga políticamente al presidente y el proceso va al Senado. Si quieren frenarlo, cada republicano votará a sabiendas de que queda en las actas en contra de la destitución de este presidente, conociendo su corrupción, públicamente con esa mancha en sus carreras para siempre, porque es indignante proteger semejante ilegalidad y corrupción como la de esta presidencia.

Es la hora.

Hace unos años publique un libro (El recurso del miedo. Estado y terror en Guatemala, EDUCA 1991; F&G 2011) que pretendía explicar la gran matanza ocurrida en Guatemala durante los años del conflicto interno. Concluí que la causa del genocidio más grande en la América contemporánea, era la cristalización en Guatemala de una cultura política anidada en la clase dominante e irradiada por toda la sociedad a través de la hegemonía oligárquica. Esa cultura política está sustentada en el oscurantismo reaccionario y la recurrencia del asesinato selectivo y masivo. La denominé “cultura del terror” nutrida por el racismo, el clasismo, el fundamentalismo religioso, el apetito dictatorial y el anticomunismo.

No he podido sino recordar todo lo anterior después del desgraciado y confuso incidente en la aldea Chajmayik llamada también Semuy II. Como es sabido hubo un enfrentamiento entre los pobladores de dicha aldea y una patrulla del ejército que culminó con tres soldados muertos y varios pobladores heridos. Las versiones oficiales no resultan convincentes (una patrulla fue enviada a interceptar a una avioneta del narcotráfico) o resultaron falsas (los soldados fueron asesinados por armas de grueso calibre). La versión de los pobladores de la referida aldea sostiene que fueron los soldados los que iniciaron la agresión y luego se vieron superados en número por los pobladores algunos de los cuales hicieron uso de escopetas para atacarlos.

Independientemente de lo que haya sucedido, lo que me resulta sorprendente es la ferocidad con que en las redes sociales se ha estigmatizado a los pobladores. Han circulado videos falsamente atribuidos a los sucesos de Semuy II con imágenes de soldados monstruosamente mutilados, un perro pitbull que aparece devorando los genitales de un soldado que se retuerce de dolor en el suelo, una turba se le deja ir encima a elementos del ejército. En las redes sociales de la derecha aparecen llamamientos a asesinar a los culpables, a masacrarlos y descuartizarlos. He recordado mi propia interpretación sobre la cultura del terror y he recordado la de Hanah Arendt sobre la “banalidad del mal” en la que a propósito del genocida Adolf Eichman, sostiene que hasta la gente común y corriente (no necesariamente psicópatas) pueden ser capaces de cometer los crímenes más infames. Con perplejidad he advertido que hasta amistades y conocidos claman lavar con sangre lo sucedido a los soldados. Un linchamiento mediático que busca legitimar su eventual asesinato, se ha ejercido contra el antiguo comandante guerrillero César Montes. Y el diputado ex kaibil Estuardo Galdámez declara que todo esto sucede porque en los acuerdos de paz de 1996 se convino en desmilitarizar a Guatemala cuando lo que debe suceder es una nueva guerra para que haya paz.

El gobierno ha instaurado el Estado de Sitio en 22 municipios de seis departamentos. Ciertamente es un área llena de pistas clandestinas y trasiego de droga. Pero también un territorio ambicionado por los grandes capitales para proyectos mineros y de cultivo de palma africana. Nuevamente la cultura del terror al servicio de aviesos intereses.



(Foto de portadilla tomada de The Star on Line)

Día con día

Joaquín Villalobos, colaborador de El País, consultor en procesos internacionales de paz, ex guerrillero salvadoreño, ha escrito un texto extraordinario a propósito de la crisis histórica que sacude a los países del Triángulo Norte de Centroamérica: El Salvador, Honduras y Guatemala.



Es una crisis múltiple. Cada una de sus dimensiones sería suficiente para poner en peligro la estabilidad de un país o de una región. Todas juntas, convergentes en el espacio y en el tiempo, explican el éxodo que fluye de aquellos países hacia el norte, a través de México, buscando una puerta de salida en Estados Unidos.

Las cuatro fuentes del nocturno centroamericano, según Villalobos, son “la explosión demográfica, los Estados débiles que han perdido autoridad en territorios donde viven millones de pobres, el bloqueo a la microeconomía por la delincuencia y las crisis de gobernabilidad sistemáticas”: Los muros del Triángulo Norte (https://www.nexos.com.mx/?p=43589).



Ilustración de Patricio Betteo, revista Nexos.



En revista Nexos:

Los muros del Triángulo Norte, de Joaquín Villalobos, Revista Nexos, 1 de agosto 2019.

El factor demográfico es uno de los factores más sorprendentes. Resulta de un largo relajamiento en la planeación familiar de la región. El ascenso combinado de la democracia y, dentro de esta, de movimientos religiosos contrarios a políticas preventivas de educación sexual, embarazos adolescentes no buscados y contención demográfica, dio lugar en los últimos años a un aumento demográfico que ni el sistema educativo ni el económico pueden absorber.

La tasa de natalidad en el Triángulo Norte es de las más altas del continente. Guatemala tiene la mayor de Latinoamérica con 26.6 por cada mil habitantes. El Salvador 19.1, Honduras 23.4.

En Guatemala nacen 416 mil niños cada año. El Salvador es el país más densamente poblado de Latinoamérica, con 313 habitantes por km2.

En los últimos 40 años, la población de la región creció de 18 a 40 millones. Los pobres del campo migraron a las ciudades y crearon los bolsones de pobreza urbana y semiurbana donde reina el crimen.

El rechazo a la “educación sexual de los jóvenes y la inexistencia de campañas de distribución de métodos anticonceptivos”, dice Villalobos, hizo crecer y estallar “la bomba centroamericana”.

Esa es la “onda expansiva que está matando gente en los barrios pobres del Triángulo Sur o lanzándolos a morir ahogados en la frontera norte de México”.

Nocturno de las remesas centroamericanas

Una de las tragedias paradójicas de los países del Triángulo Norte de Centroamérica, El Salvador, Honduras y Guatemala, es que la abundancia de las remesas que reciben del exterior no se refleja en una mejoría de los niveles de vida, en inversiones productivas que generen empleos ni, por tanto, en una reducción de la pobreza y de la migración.

Los generosos flujos de dólares alientan un ciclo de importaciones y consumo de baja calidad, circuitos financieros de captura de comisiones y redes criminales de extorsión a las familias que reciben dólares de sus familiares en Estados Unidos.

En las últimas tres décadas, los países del Triángulo Norte han recibido la descomunal cantidad de 180 mil millones de dólares en remesas. El Salvador, 60 mil millones; Honduras, a partir de 2007, 40 mil millones y Guatemala, en ese mismo periodo, 60 mil millones. Sólo en 2018, los tres países recibieron casi 20 mil millones en remesas.

Lo dólares llegan fundamentalmente a familias pobres, pero no es el bienestar de esas familias lo que ha crecido con ese flujo de dinero, sino los homicidios, la violencia y la emigración, ahora ya no sólo por urgencias económicas sino por miedo a perder la vida o tenerla en manos de criminales extorsionadores.

“Es paradójico”, escribe Joaquín Villalobos en su ensayo citado ayer aquí, “pero en la realidad a más dinero ha correspondido más desastre social”. Y con un efecto doblemente perverso: los circuitos financieros que capturan el porcentaje mayor de las divisas ha permitido la formación de grupos económicos que no invierten en sus países sino en el exterior (“Los muros del Triángulo Norte”, https://www.nexos.com.mx/?p=43589).

En estas condiciones, la idea de una especie de “Plan Marshall” para desatar el crecimiento de la zona se antoja ilusoria o trivial.

Daría más en el clavo de las necesidades estratégicas de esos países una colaboración internacional en el fortalecimiento de las capacidades de sus respectivos gobiernos para recuperar el control territorial que por lo pronto tienen perdido a manos de feroces y ubicuas bandas criminales.

El binomio centroamericano de migración y crimen.

Nocturno de la migración y el crimen

El rasgo más visible de la debilidad de los gobiernos del Triángulo Norte centroamericano, El Salvador, Guatemala y Honduras, es el aumento de la violencia y la impunidad del crimen.

Lo característico de ambos fenómenos en esos países es que hacen dramáticamente difícil la vida diaria y casi imposible el desarrollo de los pequeños y los medianos negocios que dan vida y opciones a la economía popular.

La dificultad de la vida diaria es uno de los grandes motores de la migración en el Triángulo Norte. Según una encuesta de la Universidad Centroamericana, 63.8 por ciento de los salvadoreños quisiera dejar su país. Una encuesta equivalente de la Red Jesuita en Honduras arrojó la cifra de 42% de hondureños deseosos de migrar.

El efecto que el crimen tiene sobre la vida y la economía de las personas apenas puede exagerarse: destruye, roba o extorsiona todo lo que está fuera del circuito de grandes negocios, cuyas empresas cuentan con sus propias redes de seguridad privada y cuyos dueños viven amurallados en fraccionamientos de lujo, separados de la inseguridad de sus ciudades.

Lo demás es tierra de nadie donde medra una delincuencia particularmente onerosa para la microeconomía.

Escribe Joaquín Villalobos en el sobrecogedor ensayo que he venido glosando en este espacio:“Sólo en los años 2016 y 2017 en Tegucigalpa, Honduras, se cerraron mil 500 pequeñas tiendas que representan el 30% de estos negocios en la capital. Las pequeñas empresas en Honduras generan entre 60% y 70% del empleo y se estima que pagan 200 millones de dólares anuales en extorsiones. En El Salvador, 72% de las pequeñas empresas es víctima de extorsiones y éstas reportan pérdidas diarias de 20 millones de dólares; centenares de trabajadores del sector transporte público han sido asesinados, además de ser un sector que ha venido sufriendo de la extorsión por más de 15 años. En Guatemala las extorsiones han aumentado en un 72% en los últimos cuatro años y las pequeñas empresas representan 85% del empleo” (Los muros del Triángulo Norte”, https://www.nexos.com.mx/?p=43589).

Vistas las condiciones del Triángulo Norte, solo podemos concluir que la migración centroamericana estará con nosotros mucho tiempo.

En realidad, ya es parte de nosotros.

La aporofobia

La filósofa española Adela Cortina logró en 2017, después de más de 20 años, que la Real Academia Española de la Lengua (RAE) incluyera la palabra aporofobia en el diccionario.

Se forma a partir de la voz griega áporos, “sin recursos” o “pobre” y fobos, “miedo” y significa “fobia a las personas pobres o desfavorecidas”.

Hace 25 años Cortina empezó a utilizar esta palabra, que ella crea, a partir de su reflexión sobre el fenómeno de la migración y ver que en todo el mundo se acepta y da la bienvenida a los migrantes ricos o ilustrados, pero no a los pobres.

En su versión, el rechazo a los migrantes no se origina principalmente en la xenofobia, como se suele pensar, sino en la condición de pobreza del que migra.

Cortina, catedrática de Ética en la Universidad de Valencia, desarrolla el concepto de manera detallada y precisa en el libro Aporofobia, el rechazo al pobre (Paidos, 2018). Ahí plantea que en los seres humanos hay una predisposición a esta actitud.

La filósofa está convencida que la tendencia a la aporofobia es universal y que por eso mismo esta expresión, que surge desde el español, debería adoptarse por otros idiomas.

Cortina, doctora Honoris causa del sistema Ibero-ITESO, sostiene que los extranjeros con recursos, económicos o intelectuales, no producen rechazo sino lo contrario porque se espera de ellos aporten a la comunidad y por eso son bien recibidos.

Los migrantes pobres, en cambio, inspiran desprecio porque en el imaginario del que los rechaza éstos no aportan y ofrecen nada bueno. Piensan que lo único que hacen es pedir.

La manera de superar este conflicto dice Cortina, está en la educación, el fomento de una hospitalidad cosmopolita, la eliminación de las desigualdades económicas y la promoción de una democracia que tome en serio la igualdad social.

En el México de hoy la aporofobia es más que evidente. Se da la bienvenida y aplaude a los 40 millones de turistas extranjeros que en 2018 visitaron el país, pero se rechaza a los migrantes centroamericanos porque son pobres.

Los intelectuales del exilio español y de los políticos chilenos, argentinos y uruguayos fueron, en su momento, bien recibidos, pero ahora más del 70% de los mexicanos está en contra de los migrantes pobres de Guatemala, El Salvador y Honduras.

El fenómeno de la migración centroamericana va a seguir por años y urge que en la escuela se enseñe a respetar a los migrantes pobres. Urge que las iglesias en su predicación enseñen la solidaridad con estos migrantes.

Urge, sobre todo, que el actual gobierno cambie su política antimigrante impuesta por Estados Unidos. Nunca en nuestra historia el gobierno de México había sido tan aporofóbico.

Twitter: @RubenAguilar
Mundo Nuestro. Con este texto de Octavio Spindola Zago, publicado originalmente en Info Quorum, valoramos lo ocurrido en días recientes en la isla del Caribe, Puerto Rico, aquella a la que le cantara con ánimo patrio Agustín Lara. Y por esta vía, a Octavio, joven historiador que nos ayuda a reflexionar sobre procesos históricos que un buen día se resuelven así, con la rebelión popular contra el despotismo y la corrupción.
"Las conmemoraciones están atravesadas por estructuras repetitivas. Las revoluciones se anclan en proyecciones de la potencia."
La pregunta por la nación –que podríamos caracterizar como un escenario simbólico puesto en acto por montajes culturales y libretos políticos-, aparejada a la interrogante sobre su implicación adyacente, el nacionalismo –una suerte de articulación espiritual de una comunidad imaginaria con tradiciones artificiosas-, es tanto espinosa cuando se visita para interpelar, a la vez que exquisita cuando se está buscando legitimación. Quizá, podríamos convenir que la máxima agustiniana vertida en Confesiones tiene una afanosa validez a este respecto: “Si nadie me lo pregunta, lo sé; pero si quiero explicárselo al que me lo pregunta, no lo sé”.
Los acontecimientos, por antonomasia, en que se detiene la cadencia de las rutinas que llenan lo cotidiano, anulando lo mundano, y reflexionar acerca de esta ecuación son las convulsiones revolucionarias orientadas a expectativas promisorias, así como las festividades conmemorativas de onomásticos cívicos. El retorno al pasado para justificar el presente y señalar el futuro deseado, no es un simple ejercicio de ocio intelectual. Comporta la arena de disputa por el medio de sentido en que habitamos, por la unidad de actualidad y posibilidad fundamentales a la decisión. Las conmemoraciones están atravesadas por estructuras repetitivas. Las revoluciones se anclan en proyecciones de la potencia.
"La lengua es una máquina de guerra que enmascara empresas ideológicas."
En ambos momentos, característicos de la modernidad, aparecen evidencias que dan razón a la perspicaz insinuación de Max Weber de que el origen de las naciones se recrea en el lenguaje, a través de sermones, discursos, arengas, manifiestos, proclamas, epístolas.
El lenguaje es uno de los referentes claves para integrar una comunidad. El historiador Reinhart Koselleck ha afirmado instructivamente que desde el Tratado de Versalles hasta la actualidad, la lengua es una máquina de guerra que enmascara empresas ideológicas. Los grupos políticos recurrieron a ésta para resarcir las brechas dramáticas entre comunidades y clases sociales con poca tradición política compartida, como el caso de los alemanes o los franceses, quienes “no permitieron el desarrollo de minorías lingüísticas en su territorio”, para integrarlos a la identidad colectiva hegemónica.
Enclavado en el corazón del mar caribeño, ahí donde el Atlántico se funde con el sol abrazando las costas de una de las Antillas mayores, está Puerto Rico. Las calles de San Juan, su capital, han estado saturadas de carteles recriminadores contra la corrupción y la agonía política provocada por la filtración de mensajes repletos de frases misóginas, racistas y homofóbicas, de funcionarios del gobierno. Los colores de la monoestrellada se mezclan con multitudes al grito de "¡Ricky, puñeta, el pueblo se respeta!”, y musicalizan sus protestas de hartazgo con conciertos improvisados de reggaetón de René Pérez Joglar, Residente; Nicky Jam; Daddy Yankee; Benito Martínez, Bad Bunny.
La fiesta estalló cuando la gente escuchó en silencio el mensaje transmitido en cadena nacional el 25 de julio desde La Fortaleza (la mansión del gobernador). La espada flamígera de la opinión pública cayó sobre el cuello del gobernador Ricardo Roselló: "Luego de escuchar el reclamo, hablar con mi familia, pensar en mis hijos y en oración, he tomado la siguiente decisión. Con desprendimiento, hoy les anuncio que estaré renunciando al puesto del gobernador, efectivo el 2 de agosto, a las 5 de la tarde". Pero luego de esa primera reacción chispeante, hubo manifestantes que, lejos de ver en la renuncia de Rosselló el fin de las protestas, sintieron que se trataba solo de una escala más hacia un objetivo mayor, una renovación política más profunda.
La historia de Puerto Rico es enigmática para la mayoría de los latinoamericanos, acostumbrados a conocer de su existencia sólo por la participación de su contingente en las gestas deportivas, desfilando con su flameante bandera boricua (por más de uno confundida con la cubana) en las inauguraciones, y dado la ausencia de notas periodísticas en la prensa de sus países. Pero sería indicio de ingenuidad asumir que un escándalo epistolar detonó este maremoto, sin precedentes en la isla. Los chats de Rosselló con sus funcionarios, develados por una pesquisa de 899 páginas del Centro de Periodismo Investigativo, han sido la gota que derramó el vaso.
La filtración ocurrió pocos días después de que el FBI arrestó a dos exfuncionarios del gobierno insular (la secretaria de Educación, Julia Keleher, y la directora de la Administración de Seguros de Salud, Angie Ávila), como parte de una investigación federal de corrupción relacionada con programas de salud y educación, es decir, por el saqueo de fondos públicos por medio de venta de influencias, contrataciones y obtención de beneficios. La evidencia contundente fue el agravamiento de la crisis, aun sin cicatrizar, que siguió a la devastación por el huracán María del 2017. Significó el peor desastre natural en la historia de la isla, provocando unas 4600 muertes, según un estudio de la Universidad Harvard.
"La complicidad entre la clase gobernante boricua con sectores corruptos de la economía y el aparto político estadounidense, manipulando fondos, cifras y licitaciones, se colude con el acceso casi ilimitado a préstamos de fondos buitres. Vaya fiesta de tiburones que condujo a Puerto Rico al despeñadero."
El Departamento de Estado norteamericano ha amonestado al gobernador por su incompetente gestión de los daños y al gabinete por no comprobar transparentemente el destino de los 40 mil millones de dólares asignados por Washington para responder a la emergencia. Incluso, la Oficina de Ética Gubernamental sostuvo que se está investigando a la secretaria de Justicia,Wanda Vázquez, por su negativa a indagar irregularidades en el manejo de dichos fondos. Vázquez es, ni más ni menos, que quien asumirá el relevo al frente del gobierno puertorriqueño.
La complicidad entre la clase gobernante boricua con sectores corruptos de la economía y el aparto político estadounidense, manipulando fondos, cifras y licitaciones, se colude con el acceso casi ilimitado a préstamos de fondos buitres. Vaya fiesta de tiburones que condujo a Puerto Rico al despeñadero, alcanzando hace tres años una descomunal deuda pública, 100 mil millones de dólares, lo que llevó al gobierno a la bancarrota y puso la economía isleña bajo supervisión de una Junta de Control Fiscal nombrada por el Congreso estadounidense, dotada de facultades para intervenir fiscalmente a fin de velar por el pago de la deuda a los bonistas, poniendo en entredicho la soberanía de Puerto Rico.
¿Qué pasará ahora? Lejos de intentar emular a una pitonisa, proponemos la coyuntura que enfrentan los puertorriqueños. Lo que antes hemos descrito como “multitud”, en realidad está integrada por grupos neonacionalistas de izquierda entre independentistas y autonomistas, aquí se encuentra Carmen Yulín, copresidente del comité de campaña de Sanders, que cohabitan al interior del principal partido de oposición, el Popular Democrático. En contrapunto están los bloques de derecha entre anexionistas y trumpistas, encabezados por Jenniffer González, que se debaten la agenda del partido de Roselló, el Nuevo Progresista. Ambas posiciones del espectro político convergieron en exigir la renuncia inmediata del gobernador. Sin embargo, sospecho que la confrontación entre ellos se desatará agravada para decidir el destino del «territorio no incorporado» a Estados Unidos (eufemismo para nombrar a la colonia boricua).
El amplio espectro de aportaciones federales desde USA, que llega a 20 mil millones de dólares anuales, que sostiene, la red vial, la educación pública y el acceso a servicios sociales, así como las raciones dosificadas de self-government que coexisten con los derechos y obligaciones de que disfrutan como ciudadanos de la Unión (de segunda, no obstante), al decir de politólogos de la Universidad de Puerto Rico, mantiene al grueso de los estratos medios y trabajadores a sentirse cómodos con su situación neocolonial. Para ilustrarlo: el voto vinculado a la agenda anexionista (ahora en el gobierno) se ha incrementado en las últimas décadas y ha alcanzado una mayoría leve, pero creciente en la Cámara de Representantes local.
La relación con Estados Unidos data de 1898, cuando las tropas norteamericanas llegaron a la isla al mando del general Nelson A. Miles. Después de arrancarle la isla al dominio decadente de España, se estableció entonces un gobierno militar bajo la autoridad del general John F. Brooke, y con ello se sentaron las bases asimilacionistas de “la política lingüística que se implantó en Puerto Rico, pues comenzó todo un proyecto educativo encaminado a la enseñanza obligatoria del inglés” (Carmen Orama, “Puerto Rico y sus pugnas político-linguísticas”). Si bien el sistema educativo sigue siendo el estadounidense, en 1993 entró en vigor una ley que establecía que ambos idiomas eran cooficiales para los asuntos del gobierno.
El debate cultural por la cuestión nacional se reactivó, primero en 1998 con motivo del centenario de la Guerra Hispanoamericana, y en 2015, cuando el Senado boricua discutió el proyecto 1177 para declarar al español idioma oficial. En el primer caso, de acuerdo con Francisco Castrillo, en “Cien años de la Guerra Hispanoamericana”, la clase gobernante desplegó una retórica y actividades culturales que ratificaban la inclinación identitaria de la isla con el Tío Sam. Por ejemplo, en el Memorial Day, se realizó un acto conjunto en el Cementerio Nacional de Arlington para rendir tributo simbólico a los combatientes que independizaron la isla.
Para el caso de 2015, la polémica fue más aguda. Eduardo Bhatia, y José Nadal Power, del PNP, se opusieron al proyecto, esgrimiendo que “en el siglo XXI los esfuerzos gubernamentales deben ir dirigidos al 'pluriculturalismo', incluyendo la diversidad de idiomas, no que el Estado imponga un idioma oficial”. La independentista Lourdes Santiago rebatió arguyendo que “el español debe ser el único idioma oficial como vía para mantener la identidad cultural puertorriqueña”. Justo en 1991, España había otorgado el Premio Príncipe de Asturias de las Letras a Puerto Rico por su defensa del español.
¿Optarán los boricuas por darse por bien servidos con la renuncia de Roselló, capitalizarán este terremoto político para sacudirse el yugo colonial, se aliarán con los progresistas norteamericanos y negociarán mayores márgenes de autonomía para empoderar estructuras internas o se decantarán por anexionarse a la Unión?

El domingo pasado hubo elecciones por la presidencia de Guatemala, país con el que México comparte 965 kilómetros de frontera, que es por la que ingresan los centroamericanos que cruzan el país en busca de llegar a Estados Unidos.

Se presentaron 19 candidatos y ninguno alcanzó el porcentaje necesario para ganar en la primera vuelta y por lo mismo habrá una segunda el domingo 11 de agosto en la que ya solo compiten dos de los candidatos.

La disputa será entre Sandra Torres, del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), de corte social demócrata, que fue quien ganó en la primera vuelta con 25.70 % de los votos. En la elección pasada perdió en la segunda vuelta contra Jimmy Morales el actual presidente.

Y el otro candidato va a ser Alejando Giammattei, del partido Vamos, de tendencia centro derecha, quien quedó en segundo lugar con el 13.92 % de los sufragios. Es la cuarta vez que se presenta a una elección presidencial con partidos distintos.

El triunfador en las elecciones de agosto será presidente por el período 2020-2024 que coincide con los años de la presidencia de López Obrador. El gobierno de México tendrá que negociar con él, entre otros temas, la política migratoria.

En la elección del pasado domingo se eligieron también los 160 diputados que integran el Congreso, los 20 diputados del Parlamento Centroamericano y al titular de las 340 corporaciones municipales que tiene el país.

Los posibles votantes eran 8.1 millones y se presentaron a las urnas el 61 % de los mismos, según el Tribunal Supremo Electoral. La participación superó las expectativas.

Esta es la novena elección que se realiza en Guatemala después de la caída de la dictadura y el arribo de la democracia en 1986. En 1994 se firmó el acuerdo de paz entre el gobierno y la guerrilla que puso fin a 15 años de guerra civil.

De los 17 millones de habitantes que tiene nuestro vecino del sur, el 83 % vive entre la pobreza absoluta y extrema de acuerdo a datos de la ONU.

Esta fue la primera elección en la que se permitió votar a los migrantes guatemaltecos empadronados radicados en Estados Unidos, pero su participación fue muy baja según la Coalición de Inmigrantes Guatemaltecos.

Los guatemaltecos consideran que los principales problemas que tiene su país son la corrupción, el desempleo y la inseguridad. A éstos habría que añadir los muy altos niveles de pobreza y la migración.

La presidencia de Jimmy Morales, que deja su cargo el primero de enero, había despertado grandes expectativas en particular en la lucha contra la corrupción, pero su gobierno resultó un fracaso en todos los frentes.

Mi amigo el embajador Gustavo Iruegas (1942-2008) siempre insistía que para México la relación con Guatemala era fundamental y muy compleja. Por la frontera sur pasa el narcotráfico y los migrantes entre otros muchos temas que requieren la colaboración de ambos gobiernos.

(Foto de portadilla tomada de Prensa Libre)

Twitter: @RubenAguilar

Día con día

He leído la declaración conjunta oficial emitida por los gobiernos de México y Estados Unidos sobre sus negociaciones de la semana pasada.

No encuentro en el texto una palabra sobre aranceles o comercio, lo cual era al menos la mitad de la negociación. Los compromisos que asumen ambos gobiernos son de otra índole.



México se compromete a dar un “salto en su aplicación de la ley” (Mexican Enforcement Surge) , con “pasos sin precedente para contener la migración irregular, incluyendo el despliegue de su Guardia Nacional en su territorio, con prioridad sobre la frontera sur”.

México se compromete también a “desmantelar las organizaciones de tráfico y contrabando de personas, así como sus redes ilegales de financiamiento y transporte”

El compromiso respectivo de Estados Unidos es “expandir rápidamente a toda su frontera sur”, los Protocolos de Protección Migratoria existentes en su legislación.

“Esto quiere decir”, precisa el texto, “que quienes crucen la frontera sur de Estados Unidos en busca de asilo serán rápidamente devueltos a México donde podrán esperar la adjudicación de sus peticiones de asilo”.

Quiere decir, también, literalmente, que “México autorizará la entrada de estas personas por razones humanitarias, en cumplimiento de sus obligaciones internacionales, mientras esperan por la adjudicación de sus peticiones de asilo” . Y “les ofrecerá trabajo, cuidados médicos y educación según sus principios”.



Lo que yo entiendo de estas cláusulas es que México se compromete, de un lado, a impedir el paso de los centroamericanos ilegales por su territorio y del otro, a que quienes logren llegar a Estados Unidos ,sean regresados de inmediato a territorio mexicano, donde permanecerán mientras les conceden o no el asilo al otro lado.

Entre los migrantes que hay que contener y los que llegan a territorio estadounidense, estamos hablando en el último año y medio de más de un millón de personas. El gobierno mexicano ha asumido la responsabilidad de contenerlos en su paso por México y/o de recibirlos devueltos por Estados Unidos si llegan a cruzar.

Todo esto habría sido a cambio de que el presidente Trump no imponga aranceles del 5% a las exportaciones mexicanas. Pero en la Declaración Conjunta , los aranceles no existen, sólo los migrantes.



Al parecer, Trump consiguió su muro: es México.

Mundo Nuestro. La revista nexos publicó en enero de 2017 este extraordinario ensayo de Joaquín Villalobos sobre la realidad centroamericana ante la perspectiva del presidente Trump. Lo reporoducimos aquí con la autorización de la revista y con el ánimo de ayudar a visualizar la dimensión del conflicto que hoy vive nuestro país por la crisis migratoria y la política impulsada por el gobierno norteamericano, abiertamente violatoria de nuestra soberanía, pero expresión también de la debilidad de México ante su poderoso y criminal vecino.

Joaquín Villalobos, ex jefe guerrillero salvadoreño, consultor en seguridad y resolución de conflictos; sesor del gobierno de Colombia para el proceso de paz, es un habitual colaborador de la revista Nexos.

La ilustración de portadilla es de Víctor Solís

La tarde del 14 de julio de 1969 cruzaron el cielo de San Salvador un poco más de una docena de viejos aviones de combate en formación seguidos por un grupo más numeroso de pequeñas avionetas de uso civil. Horas más tarde el gobierno militar comunicaba que tropas salvadoreñas habían cruzado la frontera e iniciado combates contra tropas hondureñas, mientras simultáneamente los aviones salvadoreños bombardeaban en tierra a los igualmente viejos aviones de la Fuerza Aérea de Honduras. A esta guerra se le conoció como “la guerra del futbol” porque los gobiernos militares utilizaron las eliminatorias del Mundial para activar un nacionalismo absurdo entre países idénticos.



Las historias de esta guerra son casi tragicómicas. La tropas de El Salvador se quedaron sin combustible y municiones a los cuatro días, las avionetas civiles fueron usadas con soldados amarrados al fuselaje y éstos lanzaban bombas con la mano para luego ametrallar con su fusil; un general se dedicó a saquear el primer pueblo que ocupó; otro general avanzó montado en un burro y se perdió con sus tropas en Honduras. Cuentan que el dictador Anastasio Somoza, de Nicaragua, llamó violentos a los militares salvadoreños por resistirse a usar la diplomacia. El Partido Comunista de El Salvador apoyó la guerra y llamó a filas pero el gobierno rechazó su “patriótico respaldo”. El gobierno hondureño organizó un cuerpo paramilitar llamado la “Mancha Brava” para perseguir a los salvadoreños y difundió la consigna “hondureño agarra un leño y mata un salvadoreño”. Los militares salvadoreños fueron jubilosos a aquella ridícula guerra para luchar contra Honduras y defender a sus hermanos campesinos, sin embargo, una década más tarde aquellos mismos militares estaban ejecutando horribles matanzas en su propio país.

Durante décadas Honduras fue la válvula de escape demográfico que protegía la estabilidad del poder oligárquico de El Salvador. Cuando por distintas razones Honduras decidió cerrar esa válvula y repatrió a más de 300 mil salvadoreños, la reacción del gobierno militar fue declararle la guerra a Honduras. Haber perdido a este país como ruta de descargo demográfico contribuyó al estallido de una guerra civil en El Salvador. Honduras cerró su frontera por 11 años a los productos salvadoreños y acabó con el Mercado Común Centroamericano, el primer proyecto de integración regional del continente.

El efecto de tapar el flujo migratorio y devolver a miles de migrantes funcionó como una bomba social y política para El Salvador. La llamada “guerra del futbol” fue un conflicto demográfico movido por los intereses económicos de las elites nacionales en ambos países. Después de esto vino un cuarto de siglo de convulsión política y violencia que incluyó una guerra civil en El Salvador, una revolución en Nicaragua, un genocidio en Guatemala, el establecimiento de bases militares norteamericanas en Honduras y la invasión a Panamá por tropas estadunidenses. Presiones demográficas, intereses de las elites locales, militarismo y cambios en las políticas de Estados Unidos se combinaron en la construcción del conflicto centroamericano; el más cruento de Latinoamérica desde la “Revolución mexicana”.

Cuando se habla de los factores que generaron el conflicto centroamericano se debate sobre tres responsables fundamentales: la “Teología de la Liberación”, la injerencia comunista cubano-soviética y las dictaduras militares que servían para sostener a regímenes de carácter oligárquico. Muy poco se habla de cómo los giros contradictorios de las políticas de Estados Unidos en el continente fueron mucho más determinantes que las ideologías o que la Unión Soviética y Cuba en la activación de las crisis internas que acabaron convertidas en guerras.

Luego de la revolución cubana, el gobierno de John Kennedy impulsó la “Alianza para el Progreso” con la idea de que debía hacerse una revolución pacífica para evitar una revolución violenta. Esta política movió a las elites gobernantes a realizar reformas en el campo social, se construyeron miles de escuelas y se propuso la realización de reformas agrarias. Con la llegada de Richard Nixon vino la “política de seguridad nacional” que echó para atrás el reformismo y se concentró en contener el comunismo, multiplicando la represión, respaldando fraudes electorales y golpes de Estado. Años más tarde el presidente James Carter impulsó la política de respeto a los “Derechos Humanos”, con lo cual la democracia como paradigma empezó a tener vigencia; en ese contexto fue derrocado el dictador Anastasio Somoza por la “Revolución Sandinista” y el tratado Torrijos-Carter acordó entregar el canal a Panamá. Entonces vino la administración de Ronald Reagan que retornó a la política de contener la expansión comunista que, conforme a sus ideas, se estaba acercando a Estados Unidos. Tropas estadunidenses invadieron la isla de Granada y nació lo que se conoció como “guerra de baja intensidad” que tuvo a Centroamérica como escenario principal.



Al analizar estos giros desde una perspectiva histórica podemos apreciar que se trató de un juego de avances y retrocesos que movió a las elites y a las sociedades de los pequeños países centroamericanos en direcciones opuestas en un período de sólo 30 años. El efecto de esto fue devastador en la activación de contradicciones tanto dentro de los gobernantes como de los gobernados. Las causas estaban presentes en las realidades de ausencia de democracia y pobreza, pero ni los teólogos, ni los comunistas, ni los cubanos tenían tanta potencia como para ser detonadores de guerras.

Imaginemos lo que puede pasar si a las primitivas elites de una pequeña nación una gran potencia le dicta un día una política reformista, al segundo día le dice que debe reprimir, al tercer día le dice de nuevo que debe hacer reformas y al cuarto día le vuelve a decir que reprima. El resultado será que esa pequeña nación se dividirá profundamente y acabará en una guerra. Los conflictos no habrían alcanzado tanta intensidad sin la profunda división entre reformismo y autoritarismo que activaron las políticas estadunidenses al interior de estos países. Las administraciones de Kennedy y Carter tuvieron razón al impulsar reformas, pero los avances que éstas provocaban hicieron que las políticas de Nixon y Reagan se convirtieran en escaladas de represión que le permitieron a las oligarquías locales acusar de comunista y eliminar a cualquier opositor, incluso a quienes venían de sus propias filas. Esto radicalizó procesos de cambio que pudieron y debieron haber sido pacíficos. Fue así como quedó instalada en la región una polarización extrema que ha derivado en ingobernabilidad.

En la actualidad la bomba demográfica ya no abarca sólo a El Salvador, sino que ha crecido y cobrado carácter regional. Guatemala tiene hoy 16 millones de habitantes, Honduras nueve y El Salvador 6.5 millones. El problema es que ninguno de estos tres Estados del llamado Triángulo Norte es capaz de generar empleos, educar, brindar servicios y proveer seguridad para sus más de 30 millones de habitantes. Los grandes vacíos en las responsabilidades de los Estados tienen relación directa con los bajos niveles de recaudación fiscal y ésta es la causa principal de la inviabilidad de estos tres países. Esto no es un asunto ideológico, la debilidad institucional le permite a los ricos del Triángulo Norte vivir como reyes en un basurero. Las llamadas “maras” son una catástrofe social sin precedentes en el continente, no es crimen organizado como el que padecen otros países. En ningún otro lugar de Latinoamérica un problema social acabó convertido en una violencia criminal masiva tan feroz, porque en ningún otro lugar tienen las elites niveles tan altos de irresponsabilidad e insensibilidad.



Las guerras de los ochenta en la región centroamericana orientaron los flujos migratorios hacia Estados Unidos y en los últimos 20 años este país ha funcionado como la principal válvula de escape a la presión demográfica centroamericana. Algo similar al papel que jugaba Honduras con El Salvador, pero con la diferencia de que aquella migración campesina dejaba un beneficio indirecto para las elites que se limitaba a reducir la conflictividad por la tierra. La migración hacia Estados Unidos les deja un beneficio directo y de alta rentabilidad. Las remesas de los migrantes están modificando el carácter de las economías de la región y convirtiendo a los propios habitantes en producto de exportación. La migración no sólo reduce las responsabilidades de las elites en la atención a la pobreza, sino que la exportación de pobres los está volviendo más ricos. Conforme a los datos, desde 1998 para El Salvador y desde 2007 para Honduras y Guatemala, los tres países han recibido más de 130 mil millones de dólares en remesas y éstas crecen más cada año. La distorsión es tal que El Salvador es considerado un país de renta media a pesar de la violencia, del desempleo y de una economía que tiene muchos años de no crecer.

02-centroamerica-cuadro-1
02-centroamerica-cuadro-2
02-centroamerica-cuadro-3

Teniendo en cuenta estos 130 mil millones de dólares en remesas recibidas en menos de 20 años, la pregunta que surge es: ¿por qué estos tres países se encuentran entonces en una situación tan grave? Las remesas comenzaron como una bendición, pero se han convertido en una maldición similar al efecto de la renta del petróleo en algunos países. La diferencia es que la renta de las remesas tiene unos costos humanos dramáticos. En El Salvador es casi imposible recuperar una economía productiva y Honduras y Guatemala van por el mismo rumbo, las remesas le están quitando estímulos a la inversión productiva y generando una falsa economía de servicios y consumo que depende totalmente de la exportación de personas.

Pero lo más grave es la relación que guardan las remesas con la violencia. Si en el terreno económico generan un falso progreso, en el terreno social provocan muerte. Una vez que éstas se vuelven dominantes para la economía, abren un fatal círculo vicioso en el que conectan migración, remesas, decrecimiento económico, destrucción de familias y comunidades, violencia y desempleo. Es decir, que estos países entre peor están, mejor les va económicamente a las elites, porque reciben más remesas resultado de que más gente emigra. No hay ninguna señal de que las elites económicas y políticas de estos países quieran sacar o sepan cómo sacar a sus países de este círculo vicioso. Esto es así porque se trata de grupos primitivos, poco ilustrados, socialmente insensibles, políticamente irresponsables, con propósitos fundamentalmente extractivos y sin visión estratégica.

La tragicomedia de la “guerra del futbol” fue una muestra de la escasa calidad intelectual de estas elites, pero se pueden encontrar muchas otras tragicomedias o tragedias insólitas en cualquiera de los tres países. El último golpe de Estado al estilo de los años cincuenta ocurrió en el año 2009 en Honduras cuando los militares sacaron al presidente en pijama del país. En enero de 1981 efectivos militares guatemaltecos asaltaron la embajada de España y quemaron con lanzallamas a 34 personas. En El Salvador Roberto d’Aubuisson, fundador del partido de la derecha ARENA, decidió matar al arzobispo Romero de un balazo en el corazón en plena misa durante el sacramento de la Eucaristía. Amigos de izquierda y derecha de otros países suelen decirme: “esas oligarquías son salvajes”, en ese sentido el calificativo de “repúblicas bananeras” no es peyorativo, sino descriptivo.

Durante la administración del presidente Obama hubo muchas deportaciones, pero al mismo tiempo luchó por una ambiciosa reforma migratoria que permitiera regularizar la situación de millones de migrantes. Su política fue compasiva frente a la tragedia de quienes huyen del Triángulo Norte y simultáneamente su gobierno impulsó planes para apoyar el fortalecimiento institucional y el combate a la corrupción. Los efectos de esta política se han hecho sentir con fuerza. En Guatemala un ex presidente fue extraditado, otro se encuentra preso junto a su vicepresidente y recientemente un ex ministro murió a tiros cuando enfrentó a policías que intentaban capturarlo. En El Salvador hay un ex presidente muerto mientras era procesado, otro se encuentra asilado, uno más guarda prisión y es bastante probable que dos ex presidentes más sean investigados. En Honduras hay un presidente procesado y miembros de una de las familias más ricas del país enfrenta cargos por narcotráfico en Estados Unidos. En Guatemala hay procesos abiertos por evasión fiscal contra grupos económicos poderosos y en El Salvador se conoce que hay investigaciones de ese tipo en marcha.

Tanto en Guatemala como en Honduras se han creado organismos externos para combatir la impunidad, mientras en El Salvador la Fiscalía General y la Corte Suprema de Justicia están recibiendo un fuerte apoyo norteamericano para que puedan actuar con independencia. Juzgar cada caso es irrelevante, lo central es que estas acciones sobre toda la región permiten ver claramente la intención de combatir la corrupción para forzar a un cambio en la calidad de las elites que no tiene orientación ideológica preferente, pues en los tres países hay golpes hacia la derecha y hacia la izquierda. Puede cuestionarse la eficacia del método, pero no el propósito. Para los efectos de este artículo, lo que interesa señalar es que bajo el gobierno de Donald Trump es bastante probable que venga un cambio similar a los giros contradictorios en la política estadunidense que generaron violencia y guerras en toda la región en los años ochenta.

El presidente Trump ha planteado construir un muro que cerraría la válvula de escape a la presión demográfica de la región, al mismo tiempo ha anunciado deportaciones masivas, impuestos a las remesas y erradicación de las “maras” en Estados Unidos expulsando a sus miembros a Centroamérica. En los últimos 12 años ha habido 187 mil 951 homicidios en Guatemala, Honduras y El Salvador, una cifra que en términos comparativos supera los 220 mil muertos que Colombia ha tenido en 50 años y coloca a la región como la más violenta del planeta. Los muertos continúan aumentando junto a la población que huye de la violencia. El número de homicidios deja claro que ya no estamos frente a un fenómeno migratorio motivado por razones económicas, sino frente a refugiados y población desplazada por la violencia y esto requiere atención humanitaria.

02-centroamerica-cuadro-4

La deportación sistemática de delincuentes fue lo que llevó a las pandillas de Los Ángeles a Centroamérica, una vez allí éstas se multiplicaron por la pobreza y se volvieron más violentas por la incapacidad de los gobiernos para detener su avance. Ahora son un poder fáctico que controla territorios y somete población. Honduras provocó una guerra civil en El Salvador cuando hizo exactamente lo que pretende hacer Trump con Centroamérica, cerrar el paso y deportar masivamente. Esta política sería dar un bandazo de consecuencias fatales para toda la región. En los años ochenta México asumió el liderazgo para hacer contrapeso a la política de Ronald Reagan hacia Centroamérica, ahora además de ocuparse de sus propios problemas con la administración Trump, tendrá que lidiar también con la tragedia humanitaria del Triángulo Norte.

Por otro lado, se perfila una política ideológica en vez de una política pragmática en la relación con los gobiernos, si esto es así la polarización en Guatemala, Honduras y El Salvador crecerá y con ello la ingobernabilidad en países que apenas están aprendiendo a tolerar el pluralismo. Las políticas de fortalecimiento institucional y de lucha contra la corrupción podrían ser abandonadas o tomar un camino ideológico apoyando a las derechas contra las izquierdas. El resultado de esto será que los procesos actuales, en vez de ayudar a la madurez de las elites, contribuirán a que se abra un ciclo de venganzas y lucha por el control político ideológico del Poder Judicial. Exactamente lo mismo que ocurrió cuando se impulsaban reformas que luego se convertían en justificación para reprimir.

Las pequeñas naciones centroamericanas sufren con sólo que Estados Unidos no las voltee a ver. La administración Trump planea darles cuatro golpes simultáneos: reducir las remesas poniéndoles impuestos, cerrar la puerta a sus desesperados migrantes, deportar a centenares de miles de trabajadores y enviar a miles de pandilleros a países que ya están derrotados por la criminalidad. Es una tormenta perfecta, obviamente estos países no van a declararle la guerra a Estados Unidos como hizo El Salvador con Honduras en 1969, tendrán que tragarse sus problemas. Lo que viene es una implosión que le dará continuidad a la tragicomedia bananera, pero ahora se mezclarán en ésta el primitivismo, el egoísmo extremo y la ignorancia de las elites locales con la impiedad, el racismo y la irresponsabilidad del liderazgo de la gran potencia del norte.

02-centroamerica

Ilustración: Víctor Solís